Dos cosas quedaron claras ayer en el primer debate político en profundidad tras el desplome de 16 árboles y ramas de grandes dimensiones en la vía pública y parques de Zaragoza en las últimas tres semanas. Por un lado, que el responsable de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, no lo considera una cifra significativa comparada con otros años y que «el carácter de urgencia» de las actuaciones que se le reclaman «lo da el revuelo mediático» que han fomentado la contrata que mantiene los parques, FCC, y los grupos de la oposición para aumentar los ingresos de la empresa. Y por otro, que solo él y el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) piensa así en el pleno, ya que el resto de partidos considera una «irresponsabilidad» que no actúe ya y que se dedique a dar un enfoque ideológico a una cuestión «relacionada con la seguridad de los ciudadanos».

Cubero llegó a decir que «en Utebo también se ha caído un árbol y no ha salido en los medios» o también «en la residencia Pignatelli, que es propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ)». Como si toda la importancia de un desplome lo diera el número de líneas de una noticia, todo su discurso giró en torno a la idea de que la oposición busca aumentar los ingresos de FCC a costa de dedicar más dinero a la poda, sin que vaya a haber garantías, dijo, de que se vaya a gastar «de forma adecuada».

10.000 MENOS

Para defender esa desconfianza volvió a rescatar el mensaje de que la empresa no ha entregado el inventario del arbolado con el que inspeccionar el estado actual de los ejemplares y añadió que «no se han presentado todavía las certificaciones del 2015 y el 2016» donde se detallan cuántas podas se hicieron en realidad, al margen de lo que marcan los pliegos. Y es así, añadió, porque estos dejaban todo reglado para que fueran «25.667 árboles» podados al año y en el 2014 se comprobó que «solo hizo 10.000». «Y aún así nos quería cobrar más» de los 827.000 euros anuales estipulados, dijo.

Así que, para él, aumentar la partida «sí, pero cuando tengamos la garantía de que va a ir destinado a la poda, nos diga cuántos hace, qué tamaño y dónde están». Y sin eso, recalcó, los mecanismos para inspeccionar son limitados «porque no hay datos que controlar». «Si les sancionamos le costaría 3.000 euros de multa y si presenta el inventario, 1,5 millones de euros. Blanco y en botella: Le sale mejor seguir incumpliendo», expuso. Aunque llegó a admitir que el problema de la poda es «estructural» por el dinero insuficiente por unos cálculos erróneos del 2014.

El suyo es que no ve la peligrosidad que el resto de partidos sí está viendo. Y por eso le criticaron su «actitud irresponsable». Como el edil del PP Sebastián Contín, quien destacó la «incapacidad» de Cubero para hacer cumplir a FCC su cometido y lamentó que no entienda «que lo que quieren los zaragozanos es que no se le caigan los árboles, que para eso pagan impuestos», no verle asistir a cada caída «rodeado de sus fantasmas» y «limitarse a ir contra la empresa», por la «sacrosanta municipalización», mientras aumenta el «nerviosismo». Incluso sugirió contratar a otra empresa para hacer la poda urgente.

Marta Aparicio, del PSOE, le recriminó a Cubero que «miente mucho y cada vez peor», algo que su partido «no va a permitir», y menos «que por intereses espurios ponga en peligro la seguridad de la gente». «Es responsable de sus éxitos y, sobre todo, de sus fracasos, que cada vez son más importantes», añadió. Su obligación es «atender al ciudadano».

«Es responsable de la desidia, de la mala coordinación con la empresa y de no hacer nada», apuntó Elena Martínez, de Ciudadanos (C’s), quien lamentó que «su único interés es municipalizar» y que «los problemas para la ciudad le dan igual, se pone las orejeras». «Usted no es apto porque está viciado», añadió.

Para Leticia Crespo, de CHA, «cualquier episodio que suponga un riesgo y se esté repitiendo, requiere de medidas inmediatas». La seguridad ciudadana es la que debería preocuparle, le dijo a Cubero, no tanto la «innombrable» empresa.