La ampliación pactada por el Gobierno de la ciudad y el servicio Bizi Zaragoza costará 18 millones de euros a las arcas municipales en diez años, alrededor de 1,2 anual. La concejala de Movilidad, Teresa Artigas, confirmó ayer las cifras ofrecidas por el PP y que el portavoz de Zaragoza en Común (ZeC) y responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, negó.

Artigas explicó que la ampliación consta de dos apartados. Por un lado, se encuentra la instalación de estaciones en más barrios y la adquisición de nuevas bicicletas. Esto supondría un coste de 6 millones a tres años vista. Uno de los compromisos de ZeC desde que llegó al Gobierno era llevar el Bizi a todos los distritos de la capital. Por otro lado, se encuentra el mantenimiento y la explotación del propio servicio cuyo gasto ascendería a 12 millones, en torno a 1,2 dos anualmente hasta el 2017.

La concejala de Movilidad comparó los 18 millones de déficit que generará con el que producirá el transporte público de la ciudad, que hasta el 2027 será de «560 millones», explicó. «Es un servicio público que genera gasto como el resto y que el el ayuntamiento asume como propio», señaló. Para Artigas, se trata de cifras «más que razonables» porque el Bizi forma parte «del interés general de la ciudad».

Hasta ahora, este servicio no ha creado un gran sangría a las arcas municipales ya que, a cambio, la concesionaria, Clear Channel, era la encargada de la explotación de la publicidad tanto de las bicis como de las paradas. Un contrato que ya no resulta tan atractivo para la contrata por su bajo rendimiento. El popular, Sebastían Contín, denunció este miércoles que ZeC estaba «ocultando» las cifras reales de esta ampliación ya que el Gobierno de la ciudad había anunciado que la partida para este año sería de 1,8 millones sin comunicar las de los próximos años. Muñoz respondió que «no se fiaba» de sus datos porque el PP «suele errar».

El portavoz del PP, Jorge Azcón, comunicó ayer que el último informe del Secretario del pleno, solicitado por su formación, declara de «nulo de pleno derecho» el acuerdo adoptado el 28 de diciembre por el que se acordó pagar a la contrata 400.000 euros de déficit. Una decisión que se anuló 24 horas después por existir un informe de Intervención desfavorable. Según este documento, no se siguieron los cauces legales y administrativos correctos. Se trata, para Azcón, «de un problema legal y de oportunidad» «Una vez más se penaliza a una empresa que presta el servicio de forma económica, como el 010, y se penaliza a otra que nos cuesta más».