El Consejo Consultivo de Aragón, antes de su disolución, emitió un dictamen «desfavorable» sobre la propuesta de ampliación del servicio Bizi que planteaba el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) por el que se pretende llevar estaciones a todos los distritos, aumentando hasta 250 las 130 actuales, y poniendo en circulación 2.500 bicicletas públicas, 1.200 más que ahora. Una mala noticia para la responsable de Movilidad, Teresa Artigas, que ayer, sin haber recibido todavía el documento pero sí haberlo visto colgado en la web del Consejo, salió al paso del mismo para afirmar que los técnicos ya la están revisando y que se subsanarán los reparos porque el proyecto «sigue adelante». De hecho, su principal conclusión es que «se reconoce el interés público» del mismo, la «esencia» de esta apuesta política.
«La ciudadanía cree que se debe hacer, el Consejo cree que se puede y es nuestra obligación trabajar en ella», señaló la concejala de ZeC ayer, para quien esta resolución solo indica que «la ampliación es posible, pero hay que afinar la propuesta». El problema ahora es que, con todos esos reparos sobre la mesa, no se aclara todavía cómo se va a subsanar.
CONTUNDENTE
El dictamen concluye de forma contundente que «se estima que la variación del modelo de bicicleta, la ampliación del plazo de duración del contrato y las nuevas condiciones económicas que se proponen para mantener el equilibrio económico del mismo suponen modificaciones de gran importancia que alteran las condiciones esenciales a las que respondía el contrato inicial».
Entre otras cosas porque señala que «no está justificada» la variación de la fórmula de financiación que se propone para el servicio. Ahora Clear Channel obtiene el dinero que necesita de los abonos de los usuarios y de la comercialización de todos los soportes publicitarios que se le permitieron instalar en la ciudad. A riesgo y ventura de la demanda en el sector y a coste cero para las arcas municipales. Algo que Artigas consideró que es erróneo, puesto que, en su opinión, estos ingresos también los deja de recaudar el consistorio al no ser quien explota estos soportes.
Otro de los apartados en los que se ponen reparos es a la opción de sustituir todas las bicicletas existentes por otro modelo nuevo, más ligero, útil y caro. Y serían 2.500 nuevas a incorporar a la red para retirar las 1.300 actuales. Junto a ello, se plantea una ampliación de la duración del contrato en cuatro años más, que tampoco comparte el Consejo Consultivo como adecuado o suficientemente justificado. Ahora terminaría en el 2023 y pasaría a ser en el 2027.
Así, el veredicto de este órgano autonómico toca todos los elementos clave de esta negociación con Clear Channel por la ampliación del Bizi a todos los distritos: que el consistorio compense el déficit y así afrontar una red más extensa, con una inversión inicial para construir 40 estaciones nuevas cada año hasta el 2019 tener 120 y sumar 250 activas en toda la ciudad.
No obstante, Artigas destacó que «en aras de la seguridad jurídica no vamos a acometer la ampliación sin el dictamen favorable» del Consejo Consultivo. Aunque este hándicap puede demorar su puesta en marcha, para la que este año se habían consignado ya 1,8 millones de euros en el presupuesto municipal. Mientras, «en los próximos días» se terminará una nueva propuesta que se trasladará a los grupos municipales para afrontar este proyecto con un respaldo político que ahora no tiene. «Espero que sea en positivo y sean propositivos», manifestó la edila de ZeC.
Para ella son sustanciales algunos aspectos que el propio dictamen reconoce y que invitan al optimismo. Como que hayan «necesidades nuevas» en la movilidad, como esta, o que existan otras formas de pago a la concesionaria. De hecho, solo le indica que la de sufragar el déficit no está justificada, no que no pueda.
