Una auditoría encargada por el Ayuntamiento de Zaragoza concluye que tanto el consistorio como el Gobierno de Aragón pagaron 28 millones de más a la sociedad mixta de Los Tranvías (SEM) por las obras de la línea 1. En total, ambas administraciones abonaron 128,7 millones de los 400 en los que se presupuestó la construcción del Urbos 3. Según este informe, en el proyecto se incluyeron conceptos «que no pueden ser satisfechos con dinero público» al no tratarse de gastos o inversiones, como el pago del IVA o las reservas financieras. Por ello, el aporte máximo tendría que haber sido de 99,6 millones, no de 128. Por ahora, el Gobierno de la ciudad no ha decidido si reclamará esta cantidad. No descarta nada, aunque no será hasta este viernes cuando tomen una decisión sobre cómo salvar este «desequilibro económico». Desde la DGA no hicieron ninguna declaración al respecto.

El concejal de Economía, Fernando Rivarés, dio a conocer ayer esta auditoría realizada por la empresa Moore Stephens. Con coste de 21.780 euros y encargada en abril, tenía como objetivo valorar el coste de ejecución del proyecto de construcción y la puesta en marcha de la línea 1 así como su incidencia en la determinación del apoyo público necesario en forma de subvención de capital.

Según Rivarés, el informe concluye que el apoyo económico de las administraciones debería de haber sido, «como máximo», de 99,6 millones de una obra que alcanzó los 400. Según Moore Stephens, la aportación de dinero público debió calcularse en base a la cantidad de 310,5 millones en lugar de sobre los 400 en los que se presupuestó el proyecto inicialmente.

CONCEPTOS / Los conceptos que, a juicio de la auditoría, no deberían haberse incluido en el coste total de la obra son el IVA (42 millones, según Rivarés) que, además, la empresa deduce; las reservas financieras exigidas por las entidades bancarias y bloqueadas para que la SEM pudiera hacer frente a la deuda contraída de diez millones; otros 21 millones, también fruto de un préstamo, para la reposición de equipos y material a lo largo de la explotación del servicio durante 25 años, y otros 3,9 como consecuencia de los excesos de gastos durante el devenir de los trabajos sobre los importes fijados en el pliego de condiciones. A juicio de la auditora, solo pueden ser subvencionables aquellos conceptos que correspondan a gastos o inversiones, algo que, en este caso, no sucede. «Si son gastos que no dependen de la inversión no los puede pagar la administración pública», precisó Rivarés.

El responsable de las finanzas municipales recordó que el consistorio ya ha abonado su parte y prácticamente la totalidad que le correspondía a la DGA. Actualmente, ambas administraciones se encuentran en plena negociación sobre las deudas pendientes. El ayuntamiento le reclama 40 millones por las obras del Urbos 3 y el Gobierno de Lambán está dispuesto a pagar 7,9. Tanto DGA como consistorio tienen un 20% de la propiedad de Los Tranvías, el resto, el 80%, se reparte entre los socios CAF, FCC, Acciona, TUZSA, Concessia e Ibercaja.

Lo que pase a partir de ahora se decidirá este viernes en el Gobierno de la ciudad. Será en este órgano donde se concluirá cómo se soluciona este «desequilibrio económico». Rivarés, que ayer se mostró más prudente de lo habitual, negó que pueda haber «responsabilidad jurídica» y se limitó a informar de que tienen prevista una reunión con la sociedad mixta Los Tranvías. «Analizaremos y estudiaremos el documento y decidiremos qué hacer porque los procesos de desequilibrios son muy largos», señaló, aunque, puntualizó que no descartan nada.

REACCIONES / Las reacciones de los grupos no tardaron en salir a la luz. Ciudadanos (C’s) mostró su «indignación» por «una nueva ocultación de información por parte del equipo de gobierno», más aún cuando la auditoría es «un documento relevante para el devenir de la comisión de deudas». Según Rivarés, el Gobierno de la ciudad recibió este informe el pasado lunes y todavía se están analizando sus consecuencias y las posibles medidas que se pueden poner en marcha.

Esta auditoría sobre la línea 1 del tranvía coincide con el anuncio por parte del Gobierno de la ciudad de volver a posponer -por segunda vez y tras haber realizado un proceso participativo- el estudio de la segunda línea, muy demandada por un sector de la ciudadanía y que uniría el este y el oeste de Zaragoza cuyo eje discurriría por María Agustín.