La historia de Averly todavía puede ser más enrevesada. La propietaria del suelo, Brial, ofreció al Ayuntamiento de Zaragoza iniciar una negociación para realizar un intercambio de suelos. Una propuesta que, a priori, parecía que Zaragoza en Común (ZeC) aceptaría ya que la idea de esta permuta surgió del concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz. El edil insistió en que haría todo lo posible para evitar el derribo de la fábrica después de no Salvar Averly. Ayer, el alcalde, Pedro Santisteve, anunció que están dispuestos a negociar, pero con condiciones: que la constructora pida la suspensión voluntaria de demolición y que retire el procedimiento judicial de responsabilidad patrimonial dirigido al consistorio. "Entonces nos sentaremos a hablar", sentenció Santisteve. Desde Brial no hicieron valoraciones.

El regidor salió en defensa del Muñoz, criticado duramente en la comisión por la oposición y acusado de no haber hecho nada hasta última hora. "No es algo que se saquen de la manga", aseguró Santisteve, que aplaudió el trabajo realizado por su concejal.

Aceptó el ofrecimiento de Brial de sentarse a negociar una permuta pero, advirtió, que no deben olvidar que se trata de una administración pública y "tiene que ser libre de ataduras". Así que puso las normas del juego definiendo las primeras exigencias. Para Santisteve es esencial que se salve la fábrica. "Ya hemos cometido muchos crímenes urbanísticos. Por favor, que no se cometa ningún otro", subrayó. La constructora se comprometió a no hacer uso de la licencia durante un mes, el plazo que da al ayuntamiento para tratar de encontrar un punto de encuentro e intercambiar los suelos de Averly a cambio de otros equivalentes económicamente y que garanticen unos aprovechamientos residenciales equivalentes. La empresa también ponía sus exigencias sobre la mesa: que el consistorio no iniciase ninguna acción tendente a obtener la anulación o suspensión de la licencia.

PP, PSOE y Ciudadanos (C's) votaron en contra de la propuesta de ZeC de cambiar la catalogación de Averly y proteger el 100% de sus suelos. Para ello, había que modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La oposición instó al equipo de Gobierno a que presente informes jurídicos y económicos que garanticen la legalidad de esta actuación antes de pronunciarse a favor. Al no salir adelante la licencia de derribo de Averly se aprobó.