El Gobierno de Zaragoza deberá dar cuenta a los servicios sociales de las denuncias que realice la Policía Local por venta ambulante, con el objetivo de evaluar las circunstancias que rodean a los presuntos infractores.
El objetivo es que estos servicios puedan establecer un itinerario de apoyo social y atención a las personas que puedan encontrarse en situación de pobreza extrema o cualquier otra situación análoga.
Así lo ha acordado el Pleno fruto de una moción del PSOE defendida por la concejala Marta Aparicio, que no ha contado con el apoyo de ZeC ni de CHA, y que está motivada por el resultado de un un informe de la Oficina Económica-Jurídica de Servicios Públicos.
Un informe en el que, según la exposición de motivos del PSOE, se constata que cada año la policía local eleva cientos de denuncias por venta ambulante sin licencia, lo que contraviene la Ordenanza Reguladora de Actividades Comerciales e Industriales en Terreno Público, así como que el área de Servicios Públicos, competente en materia de venta en lugares públicos, no abre ni eleva expediente sancionador alguno derivado de esas denuncias.
Según este estudio, los motivos que se esgrimen para no iniciar ningún trámite tras la denuncia se basan en la presunción de un estado de precariedad económica y la dificultad de cobrar las deudas generadas por las eventuales sanciones.
En este sentido, Aparicio ha recordado que la toma en consideración de las circunstancias de necesidad de los infractores sólo puede llevarse a cabo mediante un proceso que permita acreditar dichas circunstancias de manera que se pueda entender fundamentada la modulación en el ejercicio de la función de policía por parte de la Administración.
El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, se ha defendido de las críticas por consentir la venta ilegal en el entorno del Rastro del parquin Norte al asegurar que se trata de un problema social de primer orden y que las denuncias son una "solución estigmatizadora".
Cubero ha acusado al PSOE de que con sus propuestas "lo que hace es meter debajo de la alfombra un problema social" y que "lo único que evidencian es su modelo de modelo de sociedad, que cada vez expulsa a más y más gente".
Un problema que, a su juicio, "se solucionará cuando los derechos sociales sean objetivos y no supeditados a los intereses de unos pocos".
En opinión del concejal del PP José Ignacio Senao lo que se está logrando con esta "dejación de responsabilidades" es "un efecto llamada" y ha advertido que exigir que las ordenanzas se cumplan no está reñido con que los servicios sociales puedan intervenir con quien lo necesite.
"Para que haya eximentes tiene que haber expedientes y si no los hay es prevaricación" ha advertido Senao para quien "lo que no se puede es mirar para otro lado".
El pleno también ha aprobado una moción de Ciudadanos para instar al Gobierno de la ciudad a elaborar un estudio sobre la ocupación de la red de carriles bici que deberá ser tenido en cuenta junto con la opinión de los grupos municipales y de las juntas municipales antes de acometer cualquier nuevo proyecto de crecimiento de la red.
El PP ha sacado adelante otra iniciativa por la que el Pleno ha rechazado el planteamiento del Gobierno de Zaragoza para la regulación de los campos de fútbol municipales y se ha acordado instar al concejal de Deportes, Pablo Híjar, a crear un grupo de trabajo que desarrolle un verdadero proceso de participación con los clubes afectados y con los grupos políticos municipales para establecer las condiciones para el uso y gestión de dichas instalaciones.
Por último, el pleno ha aprobado rechazar la gestión del Área de Participación Ciudadana en relación a los Presupuestos participativos y en particular en relación al papel fundamental que han de jugar las Juntas Municipales de Distrito.
En este sentido se ha acordado instar al Gobierno de Zaragoza a adoptar cuantas medidas resulten precisas para garantizar la plena ejecución de los proyectos aprobados durante el año 2017.
