El sector del taxi en Zaragoza sigue buscando apoyos en su lucha contra las licencias VTC (vehículo de alquiler con conducto), es decir, los novedosos servicios Uber y Cabify que tanto éxito están teniendo en Madrid y Barcelona. Ya contaba con el del Gobierno de Aragón y ahora se ha sumado el ayuntamiento, que ayer se posicionó claramente en contra de este tipo de transporte privado por las consecuencias directas que puede tener entre los taxistas, muy castigados en los últimos años por la pérdida de usuarios.

El alcalde, Pedro Santisteve, se reunió con el presidente de la Asociación Provincial de AutoTaxi, Mariano Morón, para intercambiar impresiones sobre la amenaza de estas licencias VTC. Según el primer edil, estas concesiones «repercutirán» en la calidad del servicio y se mostró contrario a todo aquello que suponga una precarización, desregularización o explotación de un sector que, como a muchos otros, «les cuesta llegar a fin de mes y tienen derecho a una calidad de vida y a una dignificación de su trabajo». El primer edil recordó que a los taxistas se les han exigido cambios tecnológicos y sociales, como la compra de vehículos híbridos y adaptados a personas con movilidad reducida, explicó. El 1% de la flota ya puede prestar este servicio especial.

La concejala de Movilidad, Teresa Artigas, instó al Gobierno autonómico a que «respete» la autonomía local y la capacidad de regular la movilidad urbana. Según Artigas, hay que evitar este tipo de concesiones porque suponen «una pérdida de la regularización». Morón aseguró que estos nuevos conductores están intentando introducirse en el sector, como ya han hecho «de manera bastarda» en ciudades como Madrid o Barcelona.

El representante de los taxistas volvió a pedir a la DGA que no dé luz verde a ninguna de las 90 licencias pendientes. «Nosotros tenemos las tarifas reguladas por el consistorio, un servicio de inspección y existe un régimen sancionador», explicó Morón, algo de lo que carecen las empresas de Uber o Cabify. ZeC ha presentado una moción al pleno de hoy con la intención de sumar el respaldo del resto de grupos para buscar las medidas jurídicas necesarias que permitan rechazar este tipo de concesiones, algo que ya anunció la DGA que hará.