Hasta un mero trámite, como era ayer la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales del 2018 en el Ayuntamiento de Zaragoza, puede convertirse en un terremoto político en la izquierda municipal. Se las prometía muy felices el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), con una mayoría en el bolsillo gracias al PSOE y a CHA, pero tras votar el dictamen los socialistas anunciaron que se plantan ante las «hostilidades» recibidas, y que no negociarán ningún acuerdo a partir de ahora con ZeC.

El edil Javier Trívez personalizó el conflicto en el responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, y sus palabras, el mes pasado, asegurando que se desentendía de cualquier compromiso adquirido con el PSOE en el presupuesto que afecta a su área. «No me llame para ningún acuerdo hasta que esas palabras no se retiren», explicó. Antes, achacó esta ruptura a esa «deriva» que, aseguró, han recibido (citó Desarrollo Expo, o el «acta de defunción» de la línea 2 del tranvía). Y que llegaron tras un pacto exprés de las ordenanzas fiscales que estuvo presidido por la «buena sintonía». Ahora, con el presupuesto sin aprobar, no es que se levanten de la mesa, es que no se sentarán.

«Los bloqueos son mutuos», respondió el responsable de Economía, quien le recordó que «el tranvía ha sido suspendido muy temporalmente», no suprimido. Muñoz, por su parte, aseguró en declaraciones a este diario que esta «actitud irresponsable» surge por una situación «que ha provocado el propio PSOE, que fue quien se levantó de la mesa de diálogo». Él les llamará «todas las veces que haga falta», pero nada de rectificar.

Y eso que la izquierda había salido airosa del enésimo debate sobre las ordenanzas fiscales, la aprobación definitiva en la Comisión Extraordinaria de Economía que resultó mejor de lo esperado, con el apoyo de Ciudadanos (C’s) a la modificación propuesta en el impuesto de plusvalía, dejando solo al PP en contra, y sacando adelante la «congelación o bajada» del IBI para la gran mayoría de inmuebles -hogares y comercios-, porque este año a los únicos a los que le subirá el recibo «entre un 4% y un 7%», serán los 1.111 que superan el millón de euros de valor catastral y tienen usos diferenciados.

ZeC, PSOE y CHA defendieron que estas ordenanzas fiscales suponen un acuerdo «de justicia social» y «equidad». C’s aseguró que el IBI puede ser un «estímulo» para atraer inversiones nuevas y rechazó el acuerdo y el PP, a través de María Navarro, lamentó que «no era necesario recaudar más» y que esa progresividad no es justa si se basa en el valor del inmueble «sin atender a la cuenta de resultados» de las empresas.