La consejera de Derechos Sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, ha reconocido hoy la "muy complicada" situación de los diez trabajadores de dos Centros de Tiempo Libre de la ciudad, que llevan cuatro meses sin cobrar, por la legislación laboral y el contenido de los actuales pliegos de condiciones.

Así lo ha apuntado Broto durante el debate en el pleno de una moción presentada por CHA, que ha sido aprobada por unanimidad, para expresar su apoyo a los empleados de los Centros de Tiempo Libre Birabolos y Gusantina, que gestiona Gabinete Técnico y que lleva cuatro meses sin pagar a sus trabajadores.

En su defensa de la iniciativa, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha transmitido su apoyo a los trabajadores y ha señalado al Gobierno de Zaragoza en Común que ahora es momento de reconocer su labor y su grado de compromiso.

Ha explicado que el objetivo de la moción es denunciar "lo que está pasando con estos diez empleados" y el incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de la empresa desde 2010 y ha recordado que es un servicio "cien por cien público y municipal" y por eso ha reclamado la implicación del Ayuntamiento, que es "al que le corresponde que se cumplan los pliegos".

"No puede pasar ni un día más sin solución" ha sentenciado el portavoz de CHA quien ha advertido que de los riesgos para el servicio y trabajadores si la empresa entra en un procedimiento concursal.

En su intervención, la consejera ha destacado que poner en valor el trabajo significa "unos pliegos consecuentes" cuando los anteriores planteaban que una empresa adjudicataria que incumpliera los pliegos y tuviera un retraso en el pago tenía una sanción de 90 euros.

Broto, quien ha asegurado que desde el Gobierno han hecho un seguimiento "leal" de la situación, ha advertido de que la empresa "ha preferido recibir el dinero del Ayuntamiento y no pagar a sus trabajadores, porque le sale muy barato" no pagarles.

"La situación es muy complicada, pero hasta que no cambien los parámetros, la legislación laboral y de contratación es la que tiene sujeto al Ayuntamiento" ha reconocido Broto quien ha insistido en que "no hay posibilidad de cese", lo que podría permitir la adjudicación a otra empresa, y que es el empresario el que tendría que renunciar a la gestión, con lo que perdería el aval.

La popular Reyes Campillo ha preguntado por su parte por los informes jurídicos a los que se refirió el consejero de Servicios Públicos, Alberto Cubero, y ha expresado sus dudas de que los trabajadores puedan cobrar con los nuevos pliegos de condiciones.

Lola Campos, del PSOE, cree que el que diez trabajadores lleven cuatro meses sin cobrar el sueldo es "un problema político" que "viene de lejos y de unos pliegos elaborados en unas determinadas circunstancias que han cambiado", ha abogado por una solución intermedia y ha defendido una aportación municipal que ayude a paliar la situación.

Desde Ciudadanos, Cristina García, quien ha destacado la importancia de la labor que desarrollan estos centros, ha calificado de "gravísima" la situación, ha subrayado que el Ayuntamiento debe implicarse y "de manera importante porque es un problema que se remonta a hace seis años" y ha destacado que es una "oportunidad de oro" para penalizar a las empresas que incurran en el impago de salarios.

El debate de la iniciativa ha contado con la intervención de un portavoz de los afectados, que ha pedido una solución "¡ya!" porque "no podemos aguantar más", al tiempo que ha lamentado que "los encargados de educar y formar a los más jóvenes" sean los "peor pagados", mientras que un representante del PAR ha abogado por no jugar "con el pan de los responsables del futuro de nuestros jóvenes".