El Ayuntamiento de Zaragoza está renegociando la deuda acumulada de las concesionarias de negocios del Parque del Agua con la ciudad. Del total, once de ellas han incumplido su contrato desde el 2008 al no abonar el canon de explotación. El consistorio reclama 2,3 millones de euros.

El concejal de Economía, Fernando Rivarés, informó ayer tras la celebración del consejo extraordinario de la sociedad Zaragoza @Desarrollo Expo --solicitada por el PP--, que siete de las once concesionarias "polémicas" han comenzado a formalizar la deuda pendiente. Sin embargo, no es suficiente.

Para Rivarés el problema al que se enfrenta el consistorio es "de origen" ya que el proyecto inicial, propio de una "época de vacas gordas", estaba "sobredimensionado". Además, según valoró, las concesiones "nunca han funcionado de modo rentable económicamente porque los cánones eran sorprendentemente altos", motivo por el que está trabajando en una nueva política de canon. "No es normal que en 2016, todavía en plena crisis, se pida un canon que ya en el 2008 era irracional por excesivo", subrayó. Para el responsable de finanzas es mejor establecer un gravamen acordado por las partes relativamente pequeño y cobrarlo, "que soñar con uno altísimo incobrable desde hace nueve años".

Por ahora, el Gobierno de la ciudad ha rescindido dos contratos: los barcos del Ebro y un quiosco de restauración situado en el embarcadero de Vadorrey. En el primer caso, el consistorio tendrá que pagar una indemnización de 350.000 euros. La empresa recibirá 100.000 euros de aquí a tres meses y 50.000 por año hasta 2020. El servicio de Vadorrey saldrá a licitación en las próximas semanas.

RESCISIÓN

Según Rivarés, el ayuntamiento no se plantea anular ningún otro contrato. En primer lugar porque se encuentra en fase de negociación y en segundo porque se desconocen las indemnizaciones que tendrían que abonar teniendo en cuenta que las empresas han realizado una inversión en los equipamientos.

El futuro de la sociedad está en el aire. El PP propuso su disolución al considerarla "ineficaz, innecesaria e incontrolable". Además, planteó la necesidad de crear una comisión especial de seguimiento.

El resto de formaciones no se opuso a ninguna de las dos propuestas, aunque con matices. Primero habría que ver las posibilidades y los nuevos modelos de gestión y después decidir el futuro de esta sociedad. Los grupos municipales reclamaron los expedientes de cada una de las concesionaria para conocer en que situación se encuentran.