Zaragoza tiene un plan para aumentar en los próximos seis años el parque público de vivienda social. Con promociones de construcción de obra nueva y con fórmulas prácticamente inéditas en la capital aragonesa como es la adquisición de pisos de particulares de segunda mano que estén interesados en vender. Basado en el concepto jurídico del derecho de tanteo de retracto, el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) sopesa la posibilidad de delimitar zonas específicas de la ciudad en las que existan necesidades de alojamiento para familias con escasos recursos y sacar a concurso la compra. Es decir, anunciar que el consistorio busca piso en la zona y que los interesados ofrezcan sus propiedades.
Con esta fórmula, la Administración pagaría un precio tasado para después acometer las reformas que necesitara el inmueble y posteriormente ponerla a disposición de los servicios sociales y los colectivos más vulnerables de la ciudad. Una iniciativa con la que los técnicos aseguran que podría abaratar «entre un 20% y un 30%» el coste de lo que supondría hacer esas mismas viviendas pero de obra nueva en una promoción pública. Y que, se prevé, permitiría un adquisición más rápida de inmuebles que se pongan al servicio de la denominada emergencia habitacional en la capital.
BARRIOS TRADICIONALES
Es pronto para hablar de inversiones en este proyecto y no parece probable que aparezca en los próximos presupuestos de la ciudad y de la sociedad desde la que se estudia, Zaragoza Vivienda, pero se calcula que «se podrían obtener un centenar de pisos al año» con un desembolso que «rondaría los 4 millones de euros» en cada ejercicio, aseguró el concejal de Vivienda del ayuntamiento, Pablo Híjar. Depende de los plazos que se marque ZeC, de las necesidades detectadas y la disponibilidad económica, pero el precio a abonar podría rondar los 40.000 euros más los costes de rehabilitarlos y acondicionarlos, y que se podría actuar en el Casco Histórico y barrios tradicionales como San José o el Arrabal.
Esta iniciativa forma parte del plan municipal 2017-2022 que ZeC ya ha empezado a negociar con PSOE y CHA (en julio ya hubo una primera reunión), que abarcaría seis años y que incluye otras muchas apuestas. Por ejemplo la inversión para rehabilitar casi el 40% del parque público de viviendas que se dedica al alquiler social, «en torno a 800 pisos a los que destinar 45 millones», en viviendas «del Casco Histórico, Actur y Oliver», destacó Híjar.
Para ello confían en contar con la participación de otras administraciones, como la DGA, a la que se solicitarán ayudas a la rehabilitación. Sin embargo, también aumentarán los recursos propios que se dedican a este fin, empezando ya en el 2018 con «800.000 euros más que el año pasado». Los 2,8 millones de este ejercicio pasarán a ser 3,6 el que viene si se acepta la propuesta del área, en unas cuentas globales en Vivienda que aspiran a fijarse en 13,99 millones de euros, 1,2 más que los 12,76 del 2017, un 10% de aumento.
También el plan municipal incluye el impulso a la construcción de unas 600 viviendas más. La mitad de ellas a través de cooperativas que levanten pisos en suelo público con la transmisión de la propiedad o simplemente la cesión del derecho de superficie. Así se calcula que en los próximos seis años se podrían crear «entre 200 y 300 inmuebles más» en la ciudad, a un precio «más asequible» que en el mercado libre.
Otro de los grandes ejes sería la creación de más de 160 viviendas de alquiler social en distintas promociones en barrios como Valdefierro, Rabal, Las Fuentes o Casco Histórico, entre otras zonas, a la que destinar «unos 14 millones». Sumarían más de 27 si se unen a las 80 que en septiembre se empezarán a levantar en la calle Fray Luis Urbano de Las Fuentes, y las 61 que se pretenden en Pontoneros. Otras 303.
