El magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, ha imputado por fraude fiscal a Agapito Iglesias, exaccionista mayoritario del Real Zaragoza, a Francisco Checa y Javier Porquera, miembros del consejo de administración del Real Zaragoza SAD en el 2010 y a Peter Luccin, exjugador del equipo aragonés. Comenzarán a declarar en el juzgado desde esta misma semana.
El juez comparte el punto de vista de la Fiscalía que, como publicó hace un mes EL PERIÓDICO, denunció que el club había dejado de ingresar cierta cantidad --unos 450.000 euros, según fuentes consultadas-- en concepto de IRPF por el sueldo del jugador francés, en el ejercicio del 2010, haciéndolo pasar por un finiquito, que no tributa.
Estas fueron las conclusiones de la Agencia Tributaria, tras analizar las cuentas del año, que cuajaron en una denuncia ante el fiscal, Javier Checa --al que el fiscal jefe de Zaragoza, Alejandro Fernández, ha atribuido competencias similares a las de Anticorrupción en la ciudad-- quien a su vez, tras comprobar los números, presentó su denuncia ante el Decanato.
El asunto fue a parar al mismo juez que instruye la operación Minas o uno de los casos Plaza, el del apartadero ferroviario, en el que recientemente imputó a todos los miembros del consejo de administración de la plataforma logística --los que le fue posible, por competencia-- por prevaricación.
TRIBUTACIÓN Según fuentes jurídicas consultadas, el presunto fraude fiscal ascendería a unos 450.000 euros, la mitad de los 900.000 en los que el Real Zaragoza SAD cifró el finiquito de Peter Luccin. Este, según indicaron las citadas fuentes, está encartado como cooperador necesario de los dirigentes del club, al haber aceptado presuntamente el dinero en un concepto que no correspondía.
En el proceso participaría como responsable civil subsidiario el propio Real Zaragoza. Es decir, si durante la instrucción el juez viese confirmadas sus sospechas sobre el fraude fiscal --y los argumentos de la entidad no convencieron en su día a Hacienda--, el proceso cuajase en un juicio y los imputados fuesen condenados, la Sociedad Anónima Deportiva debería hacerse cargo de resarcir al fisco.
Se trataría pues de una nueva carga para las arcas del club, que estos días permanece en vilo con las negociaciones con Hacienda, precisamente, aunque con nuevas cabezas visibles. Las citadas fuentes judiciales aclararon que la existencia o no del Real Zaragoza como entidad, con capacidad de pago, no tendría por qué paralizar el desarrollo de la instrucción.
No es el primer desencuentro que la sociedad deportiva mantiene con el fisco, cuyo último capítulo fue el embargo de la licencia federativa y la plaza del club en Segunda División, que también publicó este diario hace dos semanas. Antes ya habían tenido desencuentros por los conceptos impositivos en los que el club (no) había ingresado diversas cantidades, pero se habían solventado en la jurisdicción administrativa.
En este caso llevan camino de dirimirse en la penal, lo que en el caso de Agapito Iglesias supone su tercera imputación en los tribunales zaragozanos, tras las de los casos saqueo y pagarés de Plaza, investigadas por los juzgados de Instrucción números 1 y 5, respectivamente.
