La fiscala del servicio de delitos económicos de Madrid que analizó la denuncia de la Agencia Tributaria en septiembre del 2015 contra el exjugador del Real Madrid y ahora del Bayern de Múnich, Xabi Alonso, llegó a redactar un decreto de archivo (aportado a la causa) de las diligencias abiertas, al estimar que el jugador no había cometido ninguna irregularidad penal. Sin embargo, y siempre según las mismas fuentes, sus superiores, tras consulta previa en la Fiscalía General del Estado, no dieron el visto bueno al escrito y le ordenaron que presentara la denuncia contra el deportista.

Tanto el jugador, que declaró el pasado julio, como otros denunciados por el mismo tema han pedido el archivo de la causa en el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, precisamente con los argumentos iniciales sostenidos por la fiscala que analizó las operaciones bajo sospecha. Pero, por ahora, la investigación continúa. Está prevista el 22 de diciembre la declaración de los inspectores de Hacienda que hicieron el expediente tributario de Xabi Alonso.

Hacienda entiende que el actual futbolista del Bayern incurrió en un ilícito penal al vender sus derechos de imagen a una sociedad radicada en Madeira (la misma que el jugador del Barça, Javier Mascherano) y ocultar al fisco, por lo tanto, más de 120.000 euros, que es la cantidad a partir de la cual la ley considera que existe delito. El jugador siempre ha defendido haber «cumplido con todas y cada una de sus obligaciones fiscales». Mascherano, en cambio, pactó en enero con la Fiscalía una pena de un año de cárcel y 815.000 euros de multa por defraudar 1,5 millones de euros a Hacienda.

Xabi Alonso es uno de los cinco jugadores investigados por delito fiscal. Los otros cuatro tienen en común haber sido representados por el agente portugués Jorge Mendes y aparecer en la documentación del caso Football Leaks. Se trata de Ángel Di María, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao y Radamel Falcao.

En los cinco casos, la Fiscalía pretende alcanzar acuerdos de conformidad con los futbolistas que investiga, unos acuerdos que, según informó ayer la Cadena Ser, pasarían por la imposición de una multa que nunca sería inferior al 40% del dinero supuestamente defraudado (más la devolución de lo defraudado), además de una leve pena de prisión que no conllevaría el ingreso de los deportistas en un centro penitenciario.

El caso Football Leaks ha alcanzado también a la política. Ciudadanos se unirá hoy a PSOE y Unidos Podemos y registrará sendas peticiones de comparecencia del secretario de Estado de Hacienda y del director de la Agencia Tributaria para que expliquen qué están investigando.