La Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, ha pedido ocho años de cárcel para el ya exfutbolista del Real Madrid y el Bayern de Múnich Xabi Alonso, una pena que de ser aceptada conlleva ingreso en prisión. El caso fue archivado inicialmente, pero la Audiencia de Madrid ordenó reabrirlo para que fuese juzgado y el exjugador se encamina al banquillo acusado de tres delitos fiscales con sus derechos de imagen. El jugador defiende su inocencia y, al igual que Cristiano Ronaldo, se ha negado a buscar un acuerdo de conformidad con una pena que evite entrar en la cárcel, según informa el diario digital 'El Confidencial'.
La Agencia Tributaria envió el caso a la Fiscalía en 2015 al considerar que Alonso había defraudado con sus derechos de imagen al usar una sociedad en Madeira (Portugal) fuera del control del fisco. Inicialmente, la Fiscalía de delitos económicos de Madrid no vio delito y archivó el caso tras tomar declaración a los implicados.
El juez de instrucción mantuvo el mismo criterio que tuvo en un primer momento la Fiscalía: que ahí no había delito, y lo archivó. Sostuvo que Alonso había aprovechado una opción fiscal para pagar menos impuestos usando para esto el territorio de Madeira, no un paraíso fiscal sino parte de la UE, y que eso no era delito. Se trata de una zona franca donde los impuestos son de menos del 5% para empresas como la usada por Xabi. Allí adquirió la sociedad Kardzali, que gestionaba sus derechos de imagen desde 2009, días antes de fichar por el Real Madrid procedente del Liverpool.
La Audiencia de Madrid consideró sin embargo que el caso era tan complejo que veía razones para condenarlo y también para absolverlo, por lo que lo mejor era que se decidiese en un juicio, por lo que Alonso se sentará en el banquillo.
La acusación detalla pagos en Madeira de Adidas, Gillette, El Corte Inglés, el Real Madrid, La gula del Norte, Yamaha, Hugo Boss y Movistar, entre otros.
Derechos de imagen
Ahora ha llegado la primera de las acusaciones. La Abogacía del Estado, en un duro escrito presentado hace una semana, detalla todos los contratos publicitarios de Xabi y la estructura societaria por la que le acusa. Según esto, en agosto de 2009, días antes de fichar por el Real Madrid, Alonso "simuló la cesión de los derechos de imagen a Kardzali" a cambio de cinco millones de euros que le iría devolviendo esa sociedad. En diciembre de ese año, Alonso adquirió por 5.000 euros la misma Kardzali a la empresa panameña que figuraba como dueña, que a su vez había comprado las acciones a dos sociedades en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Kardzali era una sociedad sin empleados constituida desde antes de 2001 que "gozaba de una exención total de impuestos hasta el año 2012, en el año 2012 únicamente le sería aplicable un tipo del 4%, y entre 2013 y 2020, del 5%".
La acusación añade que Alonso contó con la ayuda de su asesor fiscal, Iván Zaldúa, y de Ignasi Maestre, administrador de Igmasa, una " entidad especializada en facilitar este tipo de estructuras y en prestar servicios relacionados, como la llevanza de su contabilidad, presentación de declaraciones, firma de contratos, etc". Ambos "actuaron de forma concertada" con Alonso y con "con pleno conocimiento de que sus actuaciones" para "defraudar a la Hacienda Pública española eludiendo los impuestos debidos por la explotación de los derechos de imagen del jugador". Los acusa como cooperadores necesarios.
Entre 2010 y 2012, Kardzali ingresó en Madeira 4,9 millones de euros por derechos de imagen procedentes del Real Madrid, Adidas, Movistar, Procter & Gamble por anuncios de Gillette, Electronic Arts Sofware, Angula Aguinagapor publicidad de La gula del Norte, El Corte Inglés, por anuncios de trajes Emidio Tucci, Yamaha y Hugo Boss. Según Hacienda, Alonso defraudó 2,49 millones, lo que habría tenido que tributar por IRPF de haberlo cobrado en España. El dinero que percidía volvía de Kardzali a Alonso "simulando que respondía a la devolución de la deuda mantenida con él como consecuencia de la cesión de sus derechos por importe de 5.000.000 euros", siempre según el escrito de acusación. La defensa sostiene que la sociedad estaba declarada, que la venta se hizo a precio de mercado, que Madeira está en la UE y que nunca hubo ocultación.
Por los años 2010 y 2012, Hacienda pide tres años de cárcel para cada uno de los tres acusados y dos años para el ejercicio 2011, cuando la cuantía defraudada fue menor. En total, ocho años por cabeza, en la franja media de las penas tipificadas para el delito fiscal. Además, pide que abone ocho millones de euros (entre cuota defraudada y multa). El jugador, de momento, se ha negado a negociar cualquier condena de conformidad, en la que aceptando el delito se pactan penas de menos de dos años. Es lo que han hecho la mayoría de los futbolistas. Marcelo, Modric, Falcao, Di María, Coentrao, Carvalho, Alexis o Mascherano han acordado pagar y una pena mínima que no conlleva ingreso en prisión.
