El juez Alfonso Tello ha dictado el auto con el que pone fin a la investigación del exmáximo accionista del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, el directivo Francisco Checa, su excompañero Javier Porquera, el exjugador blanquillo Peter Luccin y la propia Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Lo hace concluyendo que hay indicios de que cometieron un fraude fiscal de más de 895.000 euros con el abono del finiquito del jugador, al camuflar como tal lo que debió ser sueldo. Con el documento, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza deja en manos de las acusaciones decidir si ven delito o piden el sobreseimiento. Y dado que como acusación particular está la Agencia Tributaria, difícilmente pasará sin intentar recuperar este supuesto dinero escamoteado. El auto, en cualquier caso, es recurrible, recordaron fuentes jurídicas.

La larga instrucción deriva de una denuncia de la propia Agencia Tributaria, que observó irregularidades en las cuentas del club del 2010, bajo el control del constructor soriano. Unas sospechas que secundó la Fiscalía con una denuncia en mayo del 2014. Por el camino ha habido que localizar oficialmente a Luccin, que residía en Estados Unidos. Se dio la paradoja de que la prensa deportiva le entrevistaba mientras la Justicia, oficialmente y mediante comisión rogatoria, no le localizaba. Finalmente, tras conocer su imputación, acudió voluntariamente a declarar a Zaragoza.

Sus explicaciones, como las del resto, no han convencido al juez, que sigue viendo indicios de delito fiscal en la desvinculación del jugador en el 2010. Tras varios contratos e incluso una posible cesión enmascarada de venta con opción de recompra al Rácing de Santander, firmados con los imputados o su conocimiento (sospecha el magistrado), en su última temporada percibió 975.000 euros de despido y otros 450.000 euros en un concepto no muy claro, lo que supondría que no se tributaron 556.000 euros de sueldo y otros 339.000 por el segundo concepto abonado.