La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado el ingreso en prisión incondicional del expresidente del Barcelona Sandro Rosell, conforme le solicitaba la fiscalía, por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal por presuntamente haber lavado 15 millones de euros en Andorra, procedentes de comisiones ilícitas obtenidas de la venta de los derechos audiovisuales de la selección de fútbol brasileña.

También acordó prisión para el abogado y político andorrano Joan Besolí, según le había pedido el fiscal. Rosell declaró este jueves durante más de dos horas ante la magistrada de la Audiencia Nacional. Después declaró la esposa de Rosell, Marta Pineda, que había sido puesta en libertad por la propia Guardia Civil y que abandonó la Audiencia Nacional sin que la Fiscalía solicitara medida cautelar alguna para ella.

Los otros dos detenidos, el ganadero Pedro Andreu Ramos, cuñado de Besolí, y quien figura como titular de muchas empresas y cuentas que habría creado el abogado en Andorra y que se atribuyen a Rosell, y el empresario libanés Shahe Ohannessian, quedaron en libertad con comparecencias mensuales y retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.

DERECHOS DE LA SELECCIÓN DE BRASIL

En el auto de libertad, la juez señala que Rosell, Marta Pineda, Joan Besoli, Ricardo Terra Teixeira, Shane Ohanessian, Pedro Andrés Ramos y José Colomer formaban parte de una organización criminal con ámbito transnacional "la cual se dedicó a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas, derivadas de la venta por parte deRicardo Teixeira (en representación de la Federación Brasileña de Fútbol) de los derechos de la selección de Fútbol de su país a una mercantil árabe con sede en Islas Caimán, cuya denominación es Internacional Sports Eventos. Todo ello a través de un entramado de sociedades y cuentas principalmente en el Principado de Andorra", dice la jueza.

Ohannessian compró a Rosell su empresa de derechos y eventos deportivos cuando accedió a la presidencia del Barça, una venta que los investigadores consideran ficticia. Fuentes jurídicas señalaron que durante su declaración negó que la venta no fuera real y aseguraron que en los últimos seis años él ha dado las órdenes necesarias para dirigirlas. Los investigadores en cambio creen que en realidad hacía lo que le decía Rosell.