El expresidente del Barça Sandro Rosell vuelve a tener problemas con la justicia, pero esta vez no tienen nada que ver con Neymar. Ayer fue detenido por los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por haber obtenido 15 millones de euros en comisiones ilícitas de la venta de los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol a una empresa en Catar, cantidad que lavó en Andorra. Rosell fue arrestado en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en la que se registraron nueve domicilios y despachos profesionales de Barcelona, Corçá (Gerona), la Seu d’Urgell y Andorra. También se detuvo a su esposa, Marta Pineda, y a otras tres personas: el abogado y político andorrano Joan Besolí, al que se atribuye la creación de empresas en el Principado con las que se blanqueó el dinero; el exsocio libanés de Sandro Rosell Shahe Ohannessian, y un ganadero, Andreu Ramos. Los tres últimos habrían actuado de testaferro para las cuentas y empresas de Rosell.

Los cinco prestarán declaración mañana ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para aclarar si, efectivamente, Rosell se repartió con el expresidente de la Confederación brasileña de fútbol, Ricardo Teixeira, al que no se ha detenido por residir fuera de España, las comisiones ilícitas que ambos cobraron durante los últimos seis o siete años por la venta de los derechos audivisuales de la selección carioca.

Esos derechos los adquirió una empresa de Qatar, que depositó en Suiza las comisiones para la red supuestamente encabezada por el expresidente del Barça, que las recibió en Andorra a través de las empresas que le proporcionó Besolí. Este fue también quien tramitó la residencia pasiva de Teixeira en el Principado.

VENTA FICTICIA / Pese a que Sandro Rosell recibió y blanqueó al menos parte de ese dinero ilícito mientras era presidente del Barcelona, fuentes jurídicas descartan cualquier vinculación con el club azulgrana. De hecho, también se investiga si durante los tres años y medio que estuvo al frente de la entidad siguió dirigiendo en la sombra la empresa de derechos de derechos y eventos deportivos, Bonus Sports Marketing, que en el 2010 vendió de forma ficticia a Ohannessian.

El abogado de Rosell, Pau Molins, señaló durante los registros que su cliente «está muy sorprendido porque considera que las operaciones de que se le acusa son legales», y aseguró que se trata de hechos de hace años y de una cuenta en Andorra «totalmente regularizada».

Rosell estuvo presente en el registro realizado en su domicilio en la calle Déu i Mata de Barcelona, que duró 10 horas, mientras su esposa acompañó a los agentes a la masía que el matrimonio posee en Corçá. Un vídeo de la Guardia Civil muestra a un agente contando un fajo de billetes de 100 y 20 euros en la vivienda habitual del matrimonio. Estaba previsto que el expresidente azulgrana pasara la noche en el cuartel de la Guardia Civil de Travessera de Gracia después de asistir al registro de dos despachos en Barcelona.

Como es habitual en este tipo de operaciones contra la corrupción, la jueza ha procedido a ordenar el bloqueo de las cuentas y bienes que figuran a nombre de los arrestados. Se trata de inmovilizar la mayor cantidad de dinero posible para hacer frente a la responsabilidad civil a la que pueden ser condenados. Algunas fuentes cifran en 10 millones de euros la cantidad en depósitos bloqueada y en 25 millones el valor del más de medio centenar de inmuebles afectados.

La operación, denominada Rimet por el expresidente de la FIFA Jules Rimet, empezó en el 2015 después de que el FBI de Estados Unidos detectara movimientos bancarios sospechosos en torno a altos directivos del mundo del fútbol, entre ellos Rosell. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha contado con la total colaboración de las autoridades andorranas, presentó una querella que ha conducido a los arrestos.

Rosell dimitió en el 2014 como presidente del Barça tras ser imputado en el primer caso Neymar, que fue archivado tras un acuerdo con el club, pero se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por el segundo, iniciado a raíz de la querella que interpuso la empresa Dis.