El Tribunal Superior de Justicia de Aragón decidió ayer declarar nulo el despido de los 183 trabajadores del Real Zaragoza (en realidad 182 porque al final uno se mantuvo luego en su puesto) realizado a través del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) promovido por el club aragonés a finales del pasado diciembre. El juicio tuvo lugar el 19 de enero y el club tiene ahora un plazo de cinco días para presentar un recurso de casación contra dicha sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. "El Real Zaragoza no renuncia al imprescindible proceso de modernización del club ni de sus estructuras organizativas ni de funcionamiento, cuestiones fundamentales para garantizar el futuro de la sociedad", se aseguró ayer en la página web, mientras los servicios jurídicos de la entidad estudian las medidas a adoptar.

La sentencia obliga a la entidad zaragocista a readmitir a todos los trabajadores. Si decide recurrir, también podría verse forzado a ello hasta que se conociera el fallo definitivo del Supremo. El club no ha tomado una decisión definitiva al respecto. Estudia varias opciones, entre ellas solicitar un aplazamiento de la sentencia para no tener que readmitir a los trabajadores hasta que el Supremo tome una decisión definitiva.

"Los trabajadores deben ser readmitidos de inmediato y se les deben pagar los salarios (desde noviembre) desde que fueron despedidos hasta la fecha de readmisión y los que hayan cobrado las indemnizaciones por despido deberán devolverlas", afirmó ayer Esteban Lauroba, abogado de UGT. Mientras que Ignacio Guerrero, presidente del Comité de Empresa, puntualizó: "Lo que esperamos es que nos readmitan ya. Nuestra labor en el Real Zaragoza es intentar hacer lo mejor posible nuestro trabajo, lo que creo que hemos conseguido, y nuestra intención es volver a trabajar".

Desde el Zaragoza se entiende que es una sentencia larga que hay que estudiar bien y se asegura que el TSJA no ha tenido en cuenta la precaria situación económica que pasa la entidad. En la documentación presentada se demuestra, según el club, el ahorro de 500.000 euros que supone la salida de estos trabajadores. La Romareda se abre ahora con 90 trabajadores en vez de los 160 de antes.

Los empleados fueron despedidos con una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses. La mayoría (160) eran fijos discontinuos, pero en el ERE también se fijaban reducciones salariales para muchos de los trabajadores que siguen en el club. El Zaragoza prescindió de los trabajadores fijos discontinuos que prestaban sus servicios en La Romareda y firmó con Coviar para externalizar los servicios.

En el último párrafo de la sentencia del TSJA, que consta de 45 folios, se indica que "esta Sala no puede presumir que sustituir a 183 trabajadores por varias contratas supone por sí mismo una mejora en la gestión del club que le ayudará a retornar a Primera División. Llegar a dicha conclusión hubiera exigido una actividad probatoria que no se ha realizado. Se trata de un empleador de características peculiares. La mayoría de los trabajadores despedidos solo prestan servicios en los partidos disputados en La Romareda, con una retribución muy baja. Y la empresa demandada no ha acreditado cuáles son las dificultades organizativas que pretende superar mediante su despido colectivo, por lo que esta Sala no puede sino concluir que no se ha acreditado la concurrencia de causas organizativas justificativas del despido colectivo".