La orden de cerrar las cuentas afecta a cualquier tipo de nuevos gastos, «a excepción de aquellos que se deriven del cumplimiento de normas legales o reglamentarias (entre las que se incluyen, por ejemplo, pensiones y desempleo), los autorizados o aprobados por el Consejo de Ministros, así como los gastos de personal y deuda pública, entre otros». Las prestaciones sociales están previstas en las cuentas públicas y, por lo tanto, no están afectadas.

El Gobierno de Rajoy considera que es muy importante limitar el gasto público de todas las Administraciones en los próximos meses para conseguir unos ahorros que pueden resultar decisivos para cumplir con los objetivos de estabilidad. Eso mismo fue lo que ya hizo en abril, cuando decidió dar un paso al frente en su ámbito de actuación, y aprobó un acuerdo de no disponibilidad de créditos (no gastar aunque estuviera previsto) por un importe de 2.000 millones de euros.

La decisión no afecta al pago de compromisos ya asumidos hasta la fecha. Por lo tanto, la orden «no va a generar facturas pendientes de pago». En resumen, se corta de raíz la posibilidad de nuevo gasto, «impidiendo que surjan compromisos o prestaciones de las cuales pudieran derivarse posteriormente deudas para la Administración». Hasta ahora esto sucedía en noviembre. La limitación afecta desde la administración general del Estado a organismos y agencias estatales.

Los presupuestos del Estado recogen una partida que es precisamente para cubrir imprevistos o gastos sobrevenidos. Es como una especie de hucha en la reserva que tienen la administrdación, al igual que hacen algunas familias. Esta se denomina fondo de contingencia y puede o no utilizarse. En las cuentas para el 2016 se eleva a 2.468 millones de euros. De todas formas para casos más extrarodinarios se puede recurrir a un mandato del consejo de ministros o del parlamento.

La orden publicada el sábado no tiene impacto sobre las prestaciones sociales y otros compromisos que están incluidos en los Presupuestos, cuyo capítulo de gastos no financieros asciende a 157.189 millones de euros este 2016, aunque con la suma de todos los organismos públicos supera los 314.000 millones de euros. Tampoco, en todo caso, dejaría en principio sin recursos al Estado en el caso de una emergencia por desastre natural, sanitario o de otro tipo.