Los defensores de la economía colaborativa defienden que fenómenos como el de Airbnb o Uber ayudan a muchos ciudadanos que lo necesitan a lograr unos ingresos extra y aprovechar su tiempo prestando un servicio. Sin embargo, los detractores afirman que hay menos garantías (menos profesionalidad en la conducción, por ejemplo) y que impactan en el conjunto de la economía por ejemplo aumentando el precio de las viviendas.
Aunque no hay leyes que regulen estos nuevos negocios llamados colaborativos, las propias plataformas del sector recuerdan a sus usuarios que deben pagar los impuestos correspondientes (aunque también recuerdan que ellos no son los que deben comprobarlo). Sin embargo, la falta de regulación específica provoca casos de alegalidad e indefinición. La CNMC ha recomendado elaborar una normativa al respecto, y Bruselas también quiere definir este sector.
No existe una definición única de lo que es economía colaborativa. Se entiende como tal el intercambio de servicios entre dos particulares para satisfacer necesidades de ambos. Con el desarrollo de internet, se facilita la puesta en contacto entre ambos ciudadanos, y la forma ya no es solo el trueque de servicios, sino también el monetario. Además, ha aparecido la figura del intermediario, que habitualmente se lleva una comisión por la gestiones que ofrece.
