Asalto ganado ante el juez. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a Abertis en la anotación que hace en sus cuentas de la compensación por el menor tráfico en la AP-7 como activo financiero, en la que el Ministerio de Fomento estaba en desacuerdo. En juego están 1.494 millones de euros de compensación que el Gobierno no reconoce. El fallo anula la censura de cuentas del 2011, en la que Fomento no admitía esa cantidad como un activo financiero.

Como consecuencia de un convenio del 2006, Abertis invirtió más de 500 millones de euros en un tercer carril en tramos de Girona y Tarragona. En compensación se le reconocieron el importe de las obras más su actualización financiera, así como un saldo por garantía de tráfico perdido en el supuesto de que el nuevo carril no generase el paso de más vehículos más los intereses. La llegada de la crisis hizo que el tráfico se desplomara el 30% y que se activara lo previsto en el convenio. La primera cantidad asciende a 784 millones y no está en cuestión. Pero la segunda, que acumulaba a 31 de diciembre pasado 1.494 millones, Fomento no la reconoce como deuda pendiente y ha provocado la guerra de recursos.