Los datos del paro registrado de agosto han sido, como es habitual algunos meses, un mal trago al constatarse no solo que aumentó el desempleo más que hace un año (cuando la situación general de la economía es parecida), sino que la temporalidad se está cronificando con unas prácticas de continuas altas y bajas en la Seguridad Social que escatiman ingresos al sistema.

De los 1.536.400 contratos firmados el mes pasado solo el 7,5% fueron indefinidos. En los ocho primeros meses del año el porcentaje se eleva un poco, hasta el 8,8%; de los 14.005.497 contratos firmados, solo 1.232.219 han sido indefinidos. Todo parece indicar que a finales de este año se superará la temporalidad del 2016 ya que hasta finales de agosto se han acumulado más de 1,1 millones de contratos temporales más que hace un año.

Una economía como la española basada en la actividad de temporada, como es el turismo, es caldo de cultivo para los contratos eventuales. Y se está extendiendo la práctica de dar de baja a los contratados temporales durante los fines de semanas y los días de fiesta e incluso durante las horas de menos actividad. El efecto es que aumenta el número de horas trabajadas no pagadas y no declaradas. Según el cálculo de CCOO, el año pasado menos de la mitad (48,4%) de los afiliados a la Seguridad Social tenía un contrato indefinido a jornada completa, mientras que la mayoría (51,6%) padecía algún tipo de precariedad, como el contrato temporal o el trabajo por horas.

Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, patronal de las empresas de trabajo temporal (ETT), reconoce que existe esta «flexibilidad ilegal» mediante una «concatenación de contratos» lo que es un «fraude» y que la inspección «tiene que mirar» ya que en su opinión es «insuficiente».

Este experto en ETT asegura que estas prácticas no solo se dan en actividades turísticas, donde hay una temporalidad que se demanda, sino en la industria. Con todo, sostiene que al final de año se mantendrá la previsión de que habrá 500.000 empleos más.

«USAR Y TIRAR»

Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco e investigadora del colectivo Fedea, considera que la única manera de que estos contratos de «usar y tirar» no interesen a las empresas es crear actividades en sectores donde el empleo «genere valor añadido, que requiera necesariamente de la formación y retención de talento». En su opinión, «aunque las empresas conozcan la altísima probabilidad de volver a contratar a la misma persona, prefieren asumir ese coste que tener a esos trabajadores en días y horas de baja actividad».

Los responsables de empleo de algunas regiones han denominado estas prácticas «vacaciones de contratación y de cotizaciones a la Seguridad Social» de las empresas. Sin embargo, esta práctica no es ilegal, aunque bordea la ley, y las autonomías no tienen la competencia de la inspección en Seguridad Social.

Esta sucesión de bajas de los cotizantes temporales dentro de una misma empresa «es un doble fraude, porque es dinero que deja de ingresar el sistema, y al trabajador porque se cortan sus derechos subjetivos como las vacaciones y festivos pagados y cotizados. Además, es una muestra de competencia desleal para otra empresas», subraya Silvia Parra, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT).

La inspección en las grandes empresas puede resultar más fácil, por tratarse de cruzar sus datos de contratación con el registro de altas y bajas de la Tesorería de la Seguridad Social. En el caso de las pymes «habría que centrarse en los asesores», explica Parra, porque son los que llevan las cuentas y la vida laboral de las empresas. Faltan, denuncia Parra, herramientas informáticas que permitan el cruce de datos entre las distintas administraciones y empresas e instrucciones claras a los inspectores.

Estas prácticas no solo se dan en sectores con picos de actividad (hostelería y comercio) sino que se han extendido, por la crisis y la reforma laboral, a la sanidad y la educación.

UNA GRAN ROTACIÓN

«Hay que dar visibilidad a esa precariedad. El mayor nivel de rotación se da en la sanidad, y en educación se aplican los despidos y contrataciones en ciertas épocas del año», lamentan desde CCOO. «En la hostelería y el comercio hay cada vez más una disposición interesada por los empresarios a la hora de contratar. Se imponen los contratos semana a semana; cuando baja la facturación o la demanda, se dan contratos de baja», añade el sindicato. Para UGT, la mayoría de contratos temporales «se hacen en fraude de ley»: «No son para cubrir puntas de producción porque muchos se realizan en trabajos estructurales».