El Congreso de los Diputados rechazó ayer la posibilidad de que el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (CETA, en sus siglas en inglés) sea enviado al Tribunal Constitucional para que dictamine si es compatible con la Carta Magna. La propuesta fue realizada en el pleno de la Cámara Alta en el debate de convalidación de este acuerdo internacional, pero solo fuera apoyada, además de por la formación morada, por ERCE, Compromís y Bildu.

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, defendió el acuerdo como «un modelo de prosperidad compatible con los derechos sociales» y pidió el voto favorable «en favor de una Europa más y mejor integrada».

Dastis recordó que la UE es el segundo socio comercial de Canadá, y que las empresas podrán tener «el mismo trato o mejor, que competidores como EEUU». Además es «una magnífica plataforma» para acceder a ese mercado.

MENOS ARANCELES / Entre los beneficios del CETA, el ministro destacó que el 99% de las líneas arancelarias se eliminarán para los productos industriales y que protegerá a los agroalimentarios «especialmente sensibles». Dastis señaló que las compañías europeas se beneficiarán de una reducción de 500 millones al año por la eliminación de aranceles.

El ministro aseguró que el CETA se rige por «un amplio principio de liberalización general» pero que también se contemplan «medidas y reservas» para servicios que «no se verán afectados por el tratado», como los referidos a educación, sanidad, políticas sociales, suministro de agua potable y monopolios públicos.

Pablo Bustinduy, de Unidos Podemos, lamentó que aún no exista un informe «fiable» sobre el impacto del tratado, ni se haya producido «un debate público riguroso» sobre el mismo. Bustinduy denunció que tanto procesos de remunicipalización como los impulsados en varios ayuntamientos, como subidas del salario mínimo, podrían ser denunciadas por empresas en virtud de este acuerdo, por considerarse «un obstáculo» al comercio.