La fiscalía y las acusaciones han mantenido la petición de 3 y 16 años de cárcel para cada uno de los dos exdirectivos de la antigua Caja Inmaculada (CAI) y un socio en negocios inmobiliarios de la entidad, aunque rebajan las indemnizaciones que solicitan a más de 6 millones de euros.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha acogido hoy la última sesión del juicio contra Tomás García Montes, director general de CAI entre 2005 y 2009, Javier Alfaro, exdirectivo de la entidad, y Ramón Marrero, socio en el negocio inmobiliario de la caja en Andalucía y exconsejero socialista de la Junta andaluza, cuatro años después de la denuncia que interpuso la propia caja.

En concreto, por la compra con una rebaja del 50 % de dos pisos en El Puerto de Santa María (Cádiz) por García Montes y Alfaro cuya promoción y administración correspondía a la entidad financiera; por un viaje a Egipto con sus familias y la de Marrero -en total once personas- por cerca de 200.000 euros y por el perjuicio económico causado a la CAI -hoy integrada en Ibercaja- en la reestructuración de los negocios con el empresario el verano de 2009.

Tras las declaraciones de los peritos propuestos por CAI y por las defensas, la fiscalía ha mantenido las penas de tres años a cada uno de ellos por un presunto delito de administración desleal pero ha rebajado el perjuicio causado a CAI Inmuebles de 12,6 millones de euros inicial a 6.300.069 euros, cantidad en la que ha fijado la petición de indemnización.

Una cifra en la que ha coincidido el abogado en representación de CAI, quien sin embargo pide dieciséis años de cárcel para cada uno por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

La acusación popular, ejercida por la Confederación Intersindical de Cajas ha pedido los mismos años de cárcel, en su caso también por un delito de estafa, y casi siete millones de euros en concepto de responsabilidad civil, mientras que las defensas han pedido la absolución.

En concreto, el abogado de García Montes y Alfaro, Esteban Mestre, ha remarcado que la única explicación para que CAI pusiera la querella en 2012, por hechos a su juicio "inconexos" ocurridos en 2007 y 2009, es que en 2010 "hubo un pleito laboral" que ganó el ex director general y "levantó ampollas", porque si la entidad fuera "víctima" y se sintiera estafada no habría tardado cinco años en responder.

En la sesión de hoy han intervenido dos peritos a petición de la acusación de la entidad financiera que realizaron un informe hace dos años sobre la reestructuración de la sociedad que tenía CAI Inmuebles con Marrero y que han cifrado en 10.950.632 euros el perjuicio económico causado a la caja.

Han incidido en que por la "trazabilidad de las cuentas", Marrero percibió en esta reestructuración 1,5 millones de euros, 240.000 euros a través de un cheque nominativo y el resto en la cuenta de una de sus sociedades, y han corroborado que la reestructuración consistió en la compra por CAI Inmuebles de las acciones de las empresas con Marerro y la cancelación de los créditos que en su momento éstas tenían con CAI.

Sin embargo, los peritos que elaboraron otro informe a propuesta de la defensa de García Montes y Alfaro han discrepado de esas conclusiones.

Así, el economista Francisco Santín, especialista en el sector financiero, ha afirmado que lejos de que se causara un perjuicio económico a la entidad con la reestructuración de los negocios con Marrero, el acuerdo fue "muy positivo" para CAI al obtener un "beneficio notable", según sus cálculos de 1.028.000 euros.

"Todas estas operaciones fueron muy positivas para CAI y las personas que las gestionaron -que no fueron García Montes y Alfaro- hicieron una buena labor" porque resolvieron unos riesgos "muy importantes" con una operación "globalmente beneficiosa" para la caja, ha remarcado.

En ese aspecto, ha opinado que el informe que cifra en 10,9 millones el perjuicio a CAI presenta errores "aritméticos" y de apreciación respecto a determinadas operaciones e "ignora" que prácticamente todo el dinero que se obtenía de la venta de activos de esas sociedades iba a pagar préstamos de la entidad, con lo que la caja se ahorraba hacer dotaciones, que ha estimado en más de 20 millones, que hubieran influido en la cuenta de resultados.

Además, ha indicado que todas las decisiones se alcanzaron en órganos colegiados de la caja, entre ellos el comité de préstamos, formado por ocho miembros del consejo de administración de CAI, y ha asegurado que en los contratos de rescisión no costa una cláusula de indemnización de 1,5 millones de euros para Marrero.