La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) anunció ayer que ya agrupa a más de 54.000 afectados por las polémicas cláusulas suelo, al tiempo que ha intensificado su actuación colectiva. La asociación convocó ayer múltiples reuniones de afectados con el fin de diseñar un plan de actuaciones en las próximas semanas.

Asimismo, Adicae indicó que con estas acciones busca forzar a la banca más cerrada al diálogo a modificar su postura, y potenciar que la vía extrajudicial dé respuesta eficaz al mayor número de personas posible, superando los déficit de la solución impulsada por el Gobierno. En esta línea de actuaciones, Adicae intensificará la celebración de asambleas y reuniones informativas en toda España, según apuntó ayer en un comunicado.

El 21 de diciembre pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia que obliga a los bancos españoles a devolver todo lo que cobraron de más por las cláusulas suelo abusivas. Un mes después, el Gobierno aprobó finalmente un sistema extrajudicial con el que los afectados por las cláusulas suelo podrán cobrar en efectivo todo lo que pagaron de más, de forma gratuita y en un plazo máximo de tres meses.

En su comparecencia tras el Consejo de Ministros que aprobó este sistema extrajudicial, el titular de Economía, Luis de Guindos, cifró en torno a 1,5 millones los clientes afectados por las cláusulas suelo. El presidente de la patronal de la banca, José María Roldán, explicó que la banca tendrá que devolver a sus clientes «entre 2.000 y 3.000 millones» por las cláusulas suelo.

REFORMAR LA LEY

Mientras, la Asociación Profesional de la Magistratura reclamó ayer una reforma de la legislación relativa a protección de consumidores en vista de las últimas sentencias de las cláusulas suelo, ya que la actual se ha visto «superada por la realidad».

La asociación de jueces recuerda en un comunicado que las recientes sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia hipotecaria han supuesto, como «efectos colaterales», un incremento exponencial de los asuntos que llegan a los órganos judiciales, la paralización generalizada de las ejecuciones hipotecarias y, sobre todo, la «eventual quiebra del principio de seguridad jurídica».