Sector público y empresas privadas volvieron a incumplir en el 2017 los plazos de pago que marca la ley sin que por ello se exigieran en la mayoría de los casos ni intereses de demora ni indemnizaciones por el retraso. Durante el pasado ejercicio, el plazo medio de pago se redujo en el sector público en seis días, pasando de 71 a 65, mientras que en el sector privado se mantuvo en 77 días, lo que evidencia que se está todavía muy lejos en ambos casos de los 30 y 60 días que establece la ley, respectivamente.
Los datos proceden del Informe Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2017, publicado ayer por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que preside Antonio Cañete, ponen en evidencia, además, que la mayor parte de los proveedores desiste de exigir intereses de demora por «miedo a perder el cliente». De acuerdo con este informe, el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 2,4%, lo que significó un ligero aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto a 2016.
PÉRDIDA DE NEGOCIO
Según los datos del citado informe a partir de más de 700 encuestas, el 72% de los proveedores (casi tres de cada cuatro) tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004 para el sector privado.
Sin embargo, el 85% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.
La Plataforma Multisectorial insiste en la necesidad de un régimen sancionador a cuyo desarrollo se han comprometido de forma repetida los responsables del Gobierno, así como de los grupos parlamentarios sin que se haya producido ningún éxito hasta ahora.
RÉGIMEN SANCIONADOR
En la actualidad se tramita en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad, del grupo de Ciudadanos, cuya aprobación está prevista para el primer trimestre del año, que incluye un régimen sancionador contra el incumplimiento de los plazos legales de pago. «Estaremos pendientes desde la PMcM por lo que conllevará de cambio positivo en el panorama empresarial», según puso de manifiesto Cañete ayer.
En su opinión, la instauración de este sistema de multas por parte de la administración en las empresas del sector privado «es la pieza clave que falta para acabar de una vez por todas con la lacra de la morosidad, que merma la competitividad de nuestras empresas y del país y que ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis».
