Consumidores, sindicatos y patronal unen sus fuerzas para exigir al Gobierno de Aragón la reposición de la normativa, derogada en febrero del 2016, que obligaba a que todas las estaciones de servicio estuvieran atendidas por, al menos, una persona. Las organizaciones aragonesas critican que la proliferación de las denominadas «gasolineras fantasma» está provocando una importante pérdida de empleo en la comunidad, incrementa el riesgo de incidentes y vulnera los derechos de los consumidores, en especial de los discapacitados físicos. De las 250 estaciones de servicio aragonesas, 78 están totalmente desatendidas, lo que supone un 31,2% del total. Todas crean más de 1.300 puestos directos en la comunidad.
Organizaciones sindicales (CCOO Industria y UGT FICA), la patronal del sector de estaciones de servicio (Aesar), organizaciones de consumidores y usuarios (UCA Aragón y Actora) y la asociación de discapacitados Cocemfe se reunieron ayer con el director general de Industria del Gobierno de Aragón, Fernando Fernández para trasladarle su preocupación. También criticaron que ni la consejera de Economía, Marta Gastón, ni la de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, sacaran «un hueco».
La presidenta de Aesar, Pilar Soto, alertó de que el aumento del número de estaciones de servicio en España no ha ido acompañado de un crecimiento en puestos de trabajo. «El número de gasolineras se ha incrementado de 10.310 a 11.188 entre 2011 y 2016, mientras que se han destruido 2.700 puestos de trabajo», explicó.
El responsable de Industria de CCOO Aragón, Carlos Guerrero, destacó la «competencia desleal» de este modelo de gasolinera y la imposibilidad de que consumidores «puedan ejercer sus derechos». Algo que se acentúa en el caso de los discapacitados, señaló Marta Valencia, de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, que reconoció que para el colectivo «es imposible» consumir en este tipo de gasolineras.
El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Aragón, José Juan Arcéiz, denunció que «todo el sector está en riesgo». Una opinión que apoyó el secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván, que avisó de que caminamos hacia un modelo en el que solo existan este tipo de instalaciones.
