La Fiscalía Anticorrupción da credibilidad a la denuncia por la comisión de un presunto delito de blanqueo de dinero de, principalmente, ciudadanos chinos que pudo producirse en las tres oficinas de Bantierra de Madrid --antes pertenecientes a Caja Abogados--. El Ministerio Público ha abierto diligencias de investigación por este asunto, dentro de las cuales ha citado a declarar como denunciados los próximos días 11 y 12 de febrero a diez personas (nueve españoles y uno de nacionalidad china), entre los que figuran siete directivos y responsables de la cooperativa de crédito aragonesa, como el expresidente, José Antonio Alayeto. Tras su comparecencia, el fiscal decidirá si judicializa o no el asunto.
Según la denuncia presentada por una empleada de la entidad financiera, el presunto blanqueo de capitales se llevó a cabo a través de operaciones hipotecarias, ingresos a cuenta en metálico y cambios de dinero en efectivo. Los hechos se produjeron entre los años 2012 y 2013 en las tres sucursales de la entidad en la capital de España, situadas en la calles Ponzano, Capitán Haya y Recoletos.
De los diez comparencientes citados por la Fiscalía, siete están vinculados a Bantierra: el expresidente de Bantierra, José Antonio Alayeto, el director comercial, Jesús García Polo, el subdirector de Recursos Humanos, Ramón Roy (por entonces al frente de este departamento), el director de la zona de Madrid, Jaime Ribero, y los directores o exdirectores de las tres sucursales señaladas, Juan López García, Cristina Prieto y Rafael González-Tabares. Tres de estos mandos (Alayeto, Roy y López García) declararán asimismo por acoso laboral a la trabajadora denunciante. Las otras tres personas requeridas por el Ministerio Público son ajenos a la entidad: Francisco Collado y Juan Luis Torres, socios de la compañía Soluciones Inmobiliarias y Financieras (SIF), que intermediaron en las operaciones hipotecarias, y el traductor chino Sahn Zhuang Quing.
Los préstamos bajo sospecha eran concedidos a ciudadanos de origen chino y también a algunos procedentes de países de Europa del Este que hasta ese momento no eran clientes de la entidad. Su perfil de riesgo, a priori, era elevado (salarios bajos, contratos de trabajo de corta duración). Según la denuncia que investiga Anticorrupción, el día de la firma de la hipoteca o unos días antes, los solicitantes depositaban en una cuenta bancaria de la entidad importantes cantidades de dinero en efectivo (casi siempre de entre 20.000 y 60.000 euros) sin justificar el origen de los fondos. En varios casos, los ingresos en metálico eran de un montante igual o superior al del crédito hipotecario, mientras que en otros el préstamo se liquidaba un año después.
Solo en el primer semestre del 2012, pudieron realizarse alrededor de medio centenar de operaciones hipotecarias de este tipo. Esta especialización en clientes chinos, según la denunciante, fue premeditada por los directores de las oficinas, que situaron a este colectivo como prioritario. Aunque no domiciliaban su nómina, Bantierra les vendía títulos de la entidad, tarjetas de crédito y débito y planes de pensiones, por lo que este tipo de operaciones se consideraban muy rentables. La mayoría no hablaba español y realizaba las gestiones con la intermediación de un traductor chino.
BILLETES DE 500 EUROS
De forma paralela, los clientes chinos solicitaban cambios en efectivo de billetes pequeños a billetes grandes de 500 euros por cuantías medias de 20.000 a 60.000 euros. En una ocasión, uno de ellos intentó canjear de este modo 440.000 euros en billetes, pero solo se hizo por un importe de 45.000 euros al negarse a ello la denunciante.
En julio del 2012, la trabajadora asegura que puso en conocimiento de transacciones sospechosas a Alayeto y al responsable de la auditoría interna y del órgano de control interno (OCI) de la entidad, Marcos Puyalto. A ambos habría remitido cuantiosa información sobre estas prácticas dudosas. Tras estos avisos, la denunciante sostiene que las operaciones hipotecarias se derivaron temporalmente a Barcelona y en el 2013 volvieron a registrarse en Madrid.
Fuentes de la entidad aseguran que por aquellas fechas se abrió una investigación interna para aclarar las alertas lanzadas por la mencionada trabajadora. Tras tres meses de indagaciones, no se detectó ningún aspecto de "mala praxis", si bien, con caracter prudencial se recomendó reducir el número de operaciones con el colectivo asiático. Desde Bantierra, aseguran que la denunciante exigió una indemnización por despido de 3 millones de euros, en compensación por el acoso laboral y moral que dice haber sufrido durante años, poco antes de denunciar el caso de blanqueo de capitales ante la Fiscalía en mayo del 2015.
