La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hasta seis años de prisión para el presidente del SCH, Emilio Botín, al que acusa de cuatro delitos de apropiación indebida y uno contra la Hacienda Púbica, derivados de la entrega en 1994 del 1% de las acciones de Banesto --a 400 pesetas por acción-- a 13 directivos en calidad de stock options, tras la compra de ese banco. Según la fiscalía, los acusados aprobaron el plan retributivo de los directivos con el fin de ocultar la existencia de esta operación al Banco de España y al Fisco.
Reclama las mismas penas para los miembros de la comisión ejecutiva que autorizó la entrega: Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique, Juan Secadas e Ignacio Benjumea. El fiscal pide para cada uno de ellos una multa de 40 millones y pagar una indemnización por responsabilidad civil de 13,3 millones. El SCH reiteró ayer que la operación fue transparente y que tributó a Hacienda.
