La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto al juez de instrucción de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que separe en dos piezas la investigación por la debacle del Banco Popular el pasado junio. La principal sería para la ampliación de capital de 2.505 millones de euros que el banco realizó en el 2016 y para la gestión de los consejos de administración liderados por los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.
La otra estaría destinada a investigar los «hechos relativos a la manipulación del mercado mediante la publicación de noticias que contenían datos e información falsa, para hacer caer el valor de la cotización de sus acciones y obtener así importantes beneficios, así como la utilización de información relevante para la cotización de las acciones del banco con la que se hubiesen lucrado».
Tanto en los días previos al golpe de estado interno que provocó la sustitución de Ángel Ron por Emilio Saracho como después, cuando este anunció su intención de ampliar capital o vender el banco, se sucedieron diversas noticias y múltiples rumores que provocaron el hundimiento de las acciones, una circunstancia que aprovecharon los inversores bajistas.
