Ni el Gobierno de Dublín ni mucho menos Apple están satisfechos con la decisión de la Comisión Europea (CE) de obligar al gigante informático a devolver hasta 13.000 millones en impuestos no pagados en Irlanda. Aunque el Ejecutivo irlandés ha informado a Bruselas de que recuperará la cantidad y la bloqueará en una cuenta, ambos afectados lanzaron ayer una ofensiva para contestar ante los tribunales una decisión que consideran política. En Bruselas, defienden su análisis y reiteran que la empresa de Cupertino podría reducir la factura fiscal irlandesa si paga más impuestos en EEUU o si los abona en otros Estados miembros.

La batalla no ha hecho más que empezar y se augura larga. La CE acusó en verano a Irlanda de otorgar ventajas fiscales a la empresa -que tiene su sede europea en Irlanda- gracias a dos acuerdos fiscales (tax rulings) suscritos en 1991 y 2007 que permitieron a Apple eludir el pago de hasta 13.000 millones. Gracias a la ingeniería fiscal, la compañía, según la comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, redujo de forma sustancial y artificial el pago de impuestos y abonó en 2014, por ejemplo, el 0,005% (50 euros por millón de beneficio).

El Ministerio de Finanzas irlandés, que dirige Michael Noonan, ha acusado a la CE de malinterpretar datos y la legislación irlandesa, de extralimitarse y de interferir en la soberanía tributaria. Según el Gobierno, ni dieron un trato fiscal privilegiado ni Apple dejó de pagar los impuestos que le correspondían. Es más, según Noonan, detrás de este polémico caso se esconde una motivación política contra el régimen del impuesto de sociedades irlandés -del 12,5% y uno de los más bajos de la UE- que les ha permitido atraer a numerosas multinacionales.

«Apple es un objetivo útil porque genera muchos titulares y ha permitido a la comisaria convertirse en la danesa del año 2016», ha respondido en una entrevista a Reuters Bruce Sewell, asesor general de la compañía, sobre el reconocimiento que otorgó recientemente el diario Berlingske a la política danesa.