El Ejecutivo autonómico aprobó ayer en Consejo de Gobierno el proyecto de ley del Comercio de Aragón, que será remitido ahora a las Cortes para su tramitación parlamentaria. La iniciativa, que establece un marco jurídico destinado a salvaguardar el interés comercial con la mínima intervención pública, se insertará en el ordenamiento jurídico, derogando la ley de 1989 con las reformas introducidas en ella hasta la fecha.
El objeto de la ley es "regular el régimen administrativo de la actividad comercial y los requisitos para el ejercicio del comercio en Aragón con el fin de asegurar el correcto desarrollo de la actividad, el fomento de la misma procurando su diversidad y favoreciendo la protección y defensa de los consumidores y usuarios, todo ello con sujeción a lo dispuesto en la normativa europea y estatal de libertad de establecimiento y prestación de servicios".
Queda fuera del alcance de este texto todo lo relativo a los horarios comerciales, apertura en festivos y actividad ferial, que se regula en la normativa específica.
La ley mantiene la licencia comercial a los grandes establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados, que informará el Gobierno de Aragón con arreglo a criterios como el interés general, cuestiones urbanísticas o medioambientales. Cuando el planeamiento de los municipios afecte al equipamiento comercial habrá de solicitar igualmente informe a la DGA.
