El Consejo de Gobierno, reunido esta mañana en sesión extraordinaria, ha dado el visto bueno al acuerdo de adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico y el compromiso de cumplir lo dispuesto en el real decreto-ley de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales.
En una carta remitida al Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón el 13 de marzo, la Secretaría de Estado de Hacienda comunicaba los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 2 de marzo por la que se establecía la distribución para el primer y segundo trimestre de 2017 de la financiación del Fondo de Facilidad Financiera y del FLA.
Para que dichos acuerdos tengan una aplicación efectiva, deben ser ratificados por un Acuerdo de Consejo de Gobierno, trámite al que se ha procedido esta mañana, informan fuentes del ejecutivo en una nota de prensa.
Los acuerdos aprobados recogen el importe disponible para la comunidad, distribuidos en tres tramos.
El total asignado a Aragón es 264,06 millones de euros (67,6 para el primer trimestre y 196,4 para el segundo), y de esa cantidad, 137,14 millones se destinan a amortizar vencimientos, 17,70 millones a financiar la devolución de las liquidaciones negativas del 2008 y 2009, y 109,22 millones a financiar el objetivo de déficit de 2017 del 0,6 % del PIB regional.
La aplicación del programa de adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico conlleva para la comunidad de Aragón la obligación de presentar un plan de ajuste, tal y como ocurrió en el ejercicio de 2016.
Aragón se acoge a este mecanismo de financiación dado que permite un acceso a fondos en mejores condiciones que si acudiera al mercado financiero.
Según datos de la Dirección General de Presupuestos, en los pagos que Aragón deberá realizar hasta el año 2016, la comunidad se habrá ahorrado casi 27,2 millones de euros gracias a la financiación que proporciona la adhesión al FLA.
El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es una línea de crédito creada por el gobierno central en el año 2012 para que el Estado pueda prestar dinero a las comunidades autónomas y que éstas no se vean obligadas a recurrir a los mercados para financiar su deuda.
