El Gobierno de Aragón se ha comprometido a invertir 317,6 millones de euros en políticas activas de empleo de aquí al 2019 a través de un plan global que, por primera vez desde los años 90, ha sido pactado con empresarios y sindicatos. La iniciativa aglutina acciones clásicas del Ejecutivo autonómico y otras de nueva creación dirigidas a atender a colectivos desafavorecidos como jóvenes, parados de larga duración o mujeres. En total 42 medidas con las que se pretende también modernizar y relanzar el papel del Inaem.
El documento fue firmado ayer por el presidente de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Economía, Marta Gastón, junto con los representantes de los agentes sociales: los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Fernando Callizo y Aurelio López de Hita, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Daniel Alastuey y Julián Buey. El bautizado como Plan para la Mejorar del Empleo en Aragón para el periodo 2016-2019 es fruto del diálogo social abierto hace un año por las tres partes con la firma de una declaración institucional.
El importe económico del proyecto es similar al de años anteriores --unos 90 millones por ejercicio-- pero con el compromiso explícito de acabar con la baja ejecución presupuestaria de la anterior legislatura, bajo el Gobierno PP-PAR. Entonces, según los sindicatos, el grado de cumplimiento de las inversiones en políticas de empleo se situó de media por debajo del 60%.
CONTROL Y VIGILANCIA
Otra de las novedades es la participación de los agentes sociales en la planificación de las políticas de empleo, así como en el control y seguimiento de las subvenciones, con lo que se satisface una demanda de estas organizaciones que a nivel estatal se ha rechazado. Eso sí, para evitar suspicacias, empresarios y sindicatos precisaron ayer que desde el 2015 no tienen por ley el monopolio en la impartición de la formación de los trabajadores, cuyos fondos suponen la mitad del presupuesto de todo el plan y se asignarán en régimen de concurrencia competitiva. Empresarios y sindicatos sí seguirán jugando un papel relevante en la gestión de programas de orientación laboral.
Este plan cuatrienal también busca dar un mayor protagonismo al Inaem y su red de 22 oficinas en la intermediación laboral en detrimento de las agencias privadas de colocación que ganaron peso en la anterior legislatura. Para ello, la DGA apuesta por modernizar y actualizar tecnológicamente el servicio público de empleo, que actualmente solo intermedia en la colocación de menos del 5% de los trabajadores. No obstante, esta apuesta apenas conllevará un incremento de plantilla, algo que Gastón justificó en las limitaciones fijadas por el Estado en el empleo del sector público.
El presidente Lambán recalcó que el objetivo es «ensanchar» al máximo el limitado margen de maniobra que tiene la comunidad autónoma en política de empleo, que consideró «prioritaria» para su gobierno. «El Estado y la Unión Europea son infinitamente más determinantes», apuntó. Al mismo tiempo, expresó su «inmensa satisfacción» por presentar este plan, «legitimado» por el diálogo con los agentes sociales, «en medio de turbulencias y desasosiegos», en clara referencia a la crisis de su partido, el PSOE.
Medidas "reales"
Por su parte, la consejera Gastón señaló que esta iniciativa «no será la panacea que resuelva los problemas de empleo» pero marca el camino adecuado para mejorar el mercado laboral tanto en términos cuantitavos como cualitativos (calidad del trabajo).
Los agentes sociales aplaudieron la firma de esta acuerdo. En el flanco sindical, Alastuey destacó el «respaldo presupuestario» del plan y su especial incidencia en los colectivos que «se están quedando fuera del mercado de trabajo», mientras que Buey resaltó que supone «la modernización de nuestro sistema político de empleo», que confió en que así sea «más útil» para los trabajadores.
Desde las patronales, Callizo resaltó que «el empleo lo creamos las empresas», por lo que consideró clave «saber qué necesitan para conseguir la mayor empleabilidad posible». Hita reivindicó que los agentes sociales no son «simples comparsas sino que somo muy efectivos en la solución de problemas», y afirmó que las medidas pactadas son «reales» y «no de verborrea». H
