Aragón mantendrá un alto nivel de crecimiento económico en 2017 y 2018 -del 2,9 y el 2,8 por ciento, respectivamente-, entre una y dos décimas más que la media nacional, aunque se reduce desde el 3,3 por ciento de 2016 a causa del Brexit y no se prevé recuperar el nivel de empleo anterior a la crisis.

Según el informe Situación Aragón, elaborado por el BBVA y presentado hoy en rueda de prensa, el crecimiento económico mundial evoluciona positivamente, lo que tendrá incidencia en las exportaciones, si bien existen "riesgos" e "incertidumbres" ante el impacto de las medidas que pueda adoptar la nueva administración norteamericana presidida por Donald Trump.

En este contexto, Aragón aprovecha el aumento "significativo" de sus exportaciones, de la inversión o del turismo, así como la política monetaria expansiva y la fiscal que "deja de ser contractiva" para contrarrestar una subida del consumo familiar que es inferior a la del resto de España y mantener el diferencial positivo con el conjunto del país.

El sector público aragonés ha sido "cada vez menos un lastre" para el crecimiento de la economía, ha apuntado Miguel Cardoso, economista jefe para España y Portugal de BBVA Research.

En el periodo analizado, que abarca hasta 2018, el informe prevé que se creen alrededor de 20.000 puestos de trabajo, pero no será hasta finales de dicho año cuando la tasa de paro se sitúe por debajo del 13 por ciento, una cifra, de todos modos, "muy por encima" a la de antes de la crisis.

Entre los factores que explican el menor crecimiento económico en estos dos próximos años con respecto a 2016 están el Brexit y la depreciación de la libra, a lo que Aragón tiene una exposición ligeramente superior a la media estatal, aunque Cardoso ha señalado que el efecto negativo de la salida del Reino Unido de la UE ha sido menor del esperado ya que la economía británica sigue creciendo, lo que no quiere decir que no se dé una vez se conozca el resultado final de las negociaciones.

Del mismo modo, también ha indicado el incremento de la inflación causado por la subida de los precios del petróleo y de la energía, lo que conlleva un deterioro de la competitividad de la economía española.

Ha alertado también, en materia de política monetaria, la previsión de que los bancos centrales vayan retirando los estímulos, que no prevé que se plasme en el Euribor hasta 2018, pero que sí que significaría un aumento del coste de la financiación para el Estado de entre 50 y 70 puntos básicos en términos de prima de riesgo.

En cuanto a la situación del mercado laboral, ha llamado la atención de que, pese a la creación de 20.000 empleos prevista y de llevar varios años de recuperación, la tasa de paro seguirá estando 7 puntos por encima del nivel "pre-crisis" y la temporalidad es "relativamente elevada".

El "reto", por tanto, es impulsar mejoras que aceleren la creación de empleo y disminuyan la temporalidad, ha indicado.

En este sentido, ha considerado "sumamente importante" dar un impulso a la formación y a las políticas activas de empleo, ambas competencias autonómicas, así como de mejorar la competitividad del sector exportador mediante una mayor competencia a nivel doméstico.

Sobre la temporalidad, ha explicado que provoca la especialización en sectores de relativa baja productividad, que disminuye los incentivos para la formación por parte de las empresas, que "sesga" la producción e implica salarios más bajos y una inseguridad "brutal".

Se trata, según Cardoso, de uno de los principales problemas de la economía española ya que no se da a nivel europeo, y ha recordado las propuestas que lanzó la entidad en 2015 para atajarlo.

Así, ha apostado por incrementar el coste de la contratación temporal vía aumento de la indemnización por despido -de 12 a 20 días por año- y, a su vez, incentivar el contrato indefinido reduciendo la misma hasta los 8 días por año para que vaya subiendo hasta los 20 en el cuarto año.

Sobre los salarios, pese a recalcar que la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 9 por ciento no va a tener un impacto negativo significativo en Aragón, ha rechazado que cualquier subida no esté ligada a la evolución de la productividad para que no desacelere la creación de empleo.

En este sentido, si se usa la inflación como referencia, marcada en este momento por el precio de los combustibles, al final se produce una transferencia desde los países consumidores a los productores y una subida salarial puede tener un coste negativo en materia de inversión y de contratación, ha remachado.

Por otro lado, el economista ha marcado como "asignatura pendiente" el establecer medidas para conseguir que las empresas inviertan en I+D, para la que prevé una recuperación "importante" en el corto plazo por motivos cíclicos, algo relacionado con el reducido tamaño de las mismas en España.