El Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza acaba de dar carpetazo a la investigación por el supuesto espionaje cometido, en febrero del 2013, en el seno del sindicato Araga. Doce personas fueron señaladas como sospechosas, pero la magistrada Nicolasa García ha decidido quitarles cualquier halo de sospecha, puesto que las pruebas realizadas por la Policía Nacional no han dado ningún tipo de resultado.

Todo ocurrió cuando en esta organización agraria se estaba negociando un ERE. Tres empleados observaron que sus ordenadores funcionaban de forma extraña y se lo comunicaron al entonces presidente José Manuel Tornos, quien, a través de la abogada Cristina Martínez, interpuso una denuncia por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Al parecer, se volcaron los datos bancarios, sociales, laborales, contrataciones y seguros de los miembros de Araga.

Ante ello, la instructora mandó a la Brigada Provincial de la Policía Científica de Zaragoza para que buscara a la persona que se llevó la información. Solo tenían algo seguro: que lo había hecho gente de dentro del sindicato o que tenía las llaves para acceder a la oficina, puesto que no se había forzado ninguna cerradura y tampoco había desorden. A pesar de ello, la investigación no dio resultado alguno, llevando a la jueza a sobreseer provisionalmente el caso.

Una decisión que no fue aceptada por la nueva dirección de Araga con el actual presidente Jorge Valero al frente. Presentaron un listado de doce personas que "por su cargo o por su relación laboral pudieron estar el día de los hechos en las oficinas". Entre ellos destacaron al ya expresidente Tornos, que al mismo tiempo fue denunciado por apropiación indebida a través de cobros de comisiones, que actualmente está siendo investigado. Por este caso, la anterior cúpula está imputada, como adelantó EL PERIÓDICO.

La Audiencia Provincial de Zaragoza instó a reabrir el caso y a pedir al Cuerpo Nacional de Policía que utilizara más sistemas, entre ellos geolocalizadores, para averiguar quién fue el que se llevó todos los datos. Sin embargo, la búsqueda no fue fructífera debido a que habían pasado dos años, tal y como reconocieron los propios agentes. Ahora, la instructora ha vuelto a archivar el caso, desestimando el recurso interpuesto por los trabajadores que en un primer momento hablaron de espionaje y por el presidente Jorge Valero. El caso está cerrado, aunque Valero y Tornos continúan enfrentados ante los tribunales por, presuntamente, cobrar irregularmente dietas.