¿Hay luz al final del sinuoso túnel? A pocas horas de que Argentina entre en una suspensión de pagos, representantes del Gobierno y Daniel Pollack, el mediador designado por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, buscaban contra reloj una solución a un problema de posibles repercusiones globales. "Estamos trabajando fuerte", dijo el ministro de Economía, Axel Kcillof, quien viajó especialmente desde Caracas, donde habían deliberado los países del Mercosur, para participar de la reunión con Pollack. Ya había pasado la medianoche en la ciudad de Buenos Aires y todos los medios de prensa estaban expectantes. "Como es una reunión que todavía está en marcha, no puedo decir más sobre los resultados", agregó el ministro, pero un se esparció con fuerza: la posibilidad de aventar el peligro del default había dejado de ser una quimera. "Seguimos trabajando con toda la seriedad que exige la cuestión", precisó Kicillof.

La suspensión de pagos se dibujó en el horizonte después que el Tribunal Supremo de EEUU ratificara en mayo un dictamen de Griesa por el cual se exige a Argentina que pague 1.300 millones de dólares a un grupo de fondos especulativos antes de seguir cancelando sus obligaciones con el casi 93% de los acreedores con los cuales se convino reestructurar los pasivos con una importante quita de capital. El Estado argentino giró el pasado 30 de junio al Bank of New York Mellon (BoNY) 539 millones de dólares en concepto de un vencimiento de la deuda con esos bonistas a los que viene pagándole puntualmente como parte de los acuerdos precedentes. Pero el magistrado ordenó que no se hagan efectivo el cobro hasta que no se resuelva la disputa con los fondos especulativos, llamados "buitres" por el Gobierno y el kirchnerismo. El 30 de julio vence técnicamente el plazo para abonar ese dinero. Según el diario Ambito Financiero, los bancos argentinos estarían dispuestos a ofrecer una garantía a los fondos especulativos del orden de los 250 millones de dólares si estos acceden a destrabar el conflicto y que Griesa reponga la medida cautelar que permitiría al país pagar a los otros bonistas y no caer en default.

Argentina insiste en que no pagará a los "buitres" más que lo pactado con los otros bonistas. La razón de esa intransigencia obedece a que recién el 4 de enero venidero expira la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) suscrita por aquellos que aceptaron reducciones en el cobro de sus acreencias durante las complejas negociaciones de 2005 y 2010. La cláusula cuyas siglas se convirtieron en estas horas en un lugar común, habilita a esos acreedores a exigir las mismas condiciones de cobro que otros bonistas. Si la bomba RUFO se activara, Argentina debería pagar unos 120.000 millones de dólares adicionales, en los cálculos más optimistas. Por eso, el Gobierno necesita llegar a 2015 sin esa eventualidad apocalíptica.

Kirchner, fortalecida

La disputa con los "buitres" ha tenido el curioso efecto de fortalecer la alicaída popularidad de Cristina Fernández de Kirchner. "Default (suspensión de pagos) es no pagar, Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños", ha insistido la presidenta, que ayer en Caracas recibió el apoyo de los países del Mercusor. En las últimas semanas, Argentina recibió el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) y el BRICS, entre otros. ¿Qué idea tenemos todos acerca de un juez? De alguien que es imparcial entre dos partes y es neutral frente a las partes y decide de acuerdo a Derecho. Esto no es lo que está sucediendo", reiteró CFK durante la cumbre de de Caracas.

La posibilidad de la suspensión de pagos divide las opiniones en Buenos Aires. Un sector de la oposición, así como los medios adversos al kirchnerismo, exhortan al Gobierno a acatar a rajatabla el dictamen de Griesa porque, advierten, de lo contrario, Argentina agravará sus problemas de acceso al crédito internacional, se reducirán las inversiones y será más difícil salir de la actual situación recesiva.

Roberto Lavagna, que era ministro de Néstor Kircher cuando, en 2005 renegoció exitosamente la deuda externa, dijo que era preferible un "tifón (la suspensión de lagos) que un tsunami", en relación a las consecuencias de la clásula RUFO. Lavagana no tiene ya nada de kirchnerista, si es que alguna vez lo fue: se pasó a la oposición en 2006. No obstante reiteró que si se priorizara a los "buitres" en este pleito, se vendría abajo todo el proceso de restructuración de la deuda. "Yo privilegio al 93% que ingresó al canje (de bonos)", subrayó.

De acuerdo con Horacio Verbitski, columnista del diario Página 12, cercano al Gobierno, Argentina podría sobrellevar incluso la posibilidad de una suspensión de pagos a la que habría sido conducida por el juez de Nueva York. "En ese momento será posible convocar al nuevo canje, algo que con toda probabilidad será aprovechado por quienes reestructuraron sus tenencias en 2005 y 2010, porque les permitirá volver a cobrar eludiendo el escollo judicial con el que Griesa intentó someter a la Argentina. Ya sin esa vulnerabilidad, si el 85% de los hold-in aceptara la oferta, la cláusula de acción colectiva que ahora se incluye en toda reestructuración forzaría la aceptación del resto. Así, el arma que hoy apunta al corazón de la Argentina se vería como una inofensiva pistola de juguete. Recién entonces el total de los hold-out apreciarían la conveniencia de aceptar la negociación justa, equitativa y legal que la Argentina les sigue ofreciendo, salvo que prefieran perder veinte años persiguiendo fragatas, aviones y centrales nucleares fantasma".