Casi siete años después de la intervención de Gescartera por los órganos reguladores, la Audiencia Nacional decidió ayer enviar a la cárcel madrileña de Soto del Real a su principal accionista, Antonio Camacho, y a cuatro de sus más íntimos colaboradores a los que les impuso penas de entre nueve y 11 años de prisión.

Otros cuatro imputados, entre ellos Pilar Giménez-Reyna, hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, y dos ejecutivos de La Caixa, fueron también condenados aunque a penas menores por lo que ayer no ingresaron en la cárcel.

En total, la sección cuarta de la Audiencia Nacional impuso 52 años de cárcel para ocho procesados y absolvió a otros seis. El tribunal condenó a Camacho a 11 años, ocho por apropiación indebida y tres por falsedad en documento mercantil. Por los mismos delitos deberán pagar el director general de Gescartera, José María Ruiz de la Serna (10 años y seis meses); el subdirector general, Francisco Javier Sierra (seis años y medio); el administrador de la comercial AGP, Aníbal Sardón, (nueve años); el asesor externo Julio Rodríguez Gil (seis años); la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna (tres años y medio); y el director y subdirector de una sucursal de La Caixa en Majadahonda, Miguel Prats y José Alfonso Castro (tres años).

MULTAS Además los condenados deberán pagar multas que oscilan entre los 168.000 euros en el caso de Camacho a 10.800 euros en el caso de los ejecutivos de La Caixa.

Como era de esperar, todos tendrán que responder de modo solidario del déficit patrimonial derivado de las operaciones "de distracción dineraria y de títulos-valores que desarrollaron" en Gescartera por un importe de 87,9 millones de euros. A esta cantidad habrá que sumar 37 millones de intereses devengados desde la intervención de la entidad en junio del 2001 hasta la fecha.

Los casi 88 millones que tendrán que aportar los responsables de Gescartera corresponden a los 56,8 millones que reclamaban los 655 afectados por el agujero patrimonial en la entidad, otros 25,4 para que el Fondo General de Garantía de Inversiones recupere lo que ya adelantó a otros perjudicados y 5,6 millones para cubrir desfases de otros posibles inversores que hayan perdido también dinero.

La Caixa y Caja Madrid Bolsa fueron declarados responsables subsidiarios, algo que fue recibido con alegría por los abogados de los afectados y considerado como su "gran triunfo" ya que esta decisión de la Audiencia "garantiza que nuestros defendidos van a cobrar", coincidieron varios letrados. El resto de responsables civiles son el entramado de sociedades que fundó Camacho y que, según la acusación, poco podrán aportar.

Aunque el tribunal haya absuelto a algunos acusados, varios de ellos deberán devolver cantidades que recibieron de Gescartera y los intereses de siete años. Es el caso de la mujer de Camacho, Laura García-Morey, que tendrá que reintegrar casi 97.000 euros. Los herederos del fallecido padre de Camacho, quién recibió 4,6 millones, también deberán devolverlos.