Rodrigo Rato fue uno de los beneficiarios de las tarjetas opacas que distribuía Caja Madrid entre directivos y consejeros. Rato cumplió, en el plazo establecido, con la medida cautelar impuesta por el juez Andreu con el fin de cubrir su posible responsabilidad civil en el escándalo de las tarjetas opacas para Hacienda de la entidad financiera. El expresidente de la caja presentó en la Audiencia Nacional un aval con el Sabadell para evitar el embargo de sus bienes ante la acusación de haber "consentido, aceptado y propiciado" el uso de las tarjetas B.