El mecanismo extrajudicial creado por el Gobierno para que los bancos y sus 1,5 millones de clientes afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas llegasen a acuerdos para la devolución de lo cobrado de más no va a lograr su objetivo de evitar que los juzgados se llenen de demandas. Así lo aseguran las asociaciones de consumidores, abogados, empleados de la justicia y, en privado, lo admite el propio sector financiero, que mayoritariamente sigue defendiendo que sus cláusulas eran transparentes y legales.

Ayer se cumplió el plazo de tres meses para que los clientes presentaran sus reclamaciones a las que tienen que dar respuesta los bancos, con lo que en las próximas semanas se espera una avalancha de reclamaciones ante los tribunales.

No hay cifras oficiales de reclamaciones, ya que el Ejecutivo todavía no ha aprobado la creación de la comisión de seguimiento que prometió, pero se estima que una parte mayoritaria de los afectados ha pedido la devolución. Sin embargo, solo las entidades nacionalizadas Bankia y BMN se comprometieron a devolver todo lo cobrado de más a todos sus clientes. El resto de entidades advirtió que estudiaría caso a caso y que solo reembolsaría el dinero cuando estime que el afectado tiene razón al defender que la cláusula se incluyó en su contrato de forma poco transparente.

«En la mayor parte de los casos, los bancos deciden que no devuelven el dinero, por lo que están obligando a los afectados a acudir a los tribunales», afirma Rosa Delgado, abogada de Voy a Defenderte, que representa a un buen número de personas con hipotecas topadas.

CANTIDADES / El propio Gobierno asumió a principios de mes que los bancos no devolverán el dinero a todos los afectados. Así, en una respuesta parlamentaria, apuntó que el sector devolverá unos 3.700 millones de euros (1.600 millones por la eliminación de las cláusulas abusiva a partir del 9 de mayo del 2013 y 2.100 millones de euros por la eliminación desde la firma del contrato hasta esa fecha). Se trata de la cantidad estimada por las propias entidades en función a su experiencia histórica de reclamaciones y el perfil de su cartera de hipotecas.

El Banco de España calculó en un primer momento que la eliminación de todas las cláusulas tendría un impacto de entre 5.000 y 7.500 millones de euros, si bien luego rebajó esta estimación a algo más de 4.000 millones de euros.

DISCREPANCIAS EN LA JUSTICIA / El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) advirtió el viernes pasado de que se avecina un «colapso absoluto» en los juzgados ante la «avalancha» de reclamaciones que prevé en menos de dos semanas.

La organización criticó la «falta de interés político en la dotación de personal» para afrontar la situación. También los abogados vaticinan esa situación: «Será imposible que los juzgados puedan dar abasto con las demandas y tampoco la fórmula de un juzgado especializado por provincia parece que vaya a ser la solución» afirma Delgado. «Desde luego es la fórmula que le interesa a los bancos, en la que los casos pueden demorarse años», agrega el sindicato.