El Banco Santander, Caixabank y Bankia reclaman al Estado los 1.350 millones que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, «más los daños causados». Las tres entidades formularon ayer ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitan la devolución del dinero aportado.
La reclamación llega después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas. Los bancos entienden que esta decisión judicial no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. Si no fuese así, argumentan, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades.
LAS CAUSAS
Las entidades recuerdan que desembolsaron más de 1.350 millones para financiar el cierre del almacén de gas natural Castor, después de que una serie de seísmos despertasen alarma social entre los vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona.
El pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional (TC) anuló varias disposiciones del decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno había aprobado en el 2014 y por el que se había fijado la indemnización para los promotores del almacén. En opinión del tribunal, no concurría una «situación de extraordinaria y de urgente necesidad» que justificara aprobar un decreto ley para «atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista». Es decir, cuestionó la fórmula de un decreto ley en vez de por la tramitación de una ley ordinaria.
Como resultado de la sentencia, el pasado 31 de enero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la institución que realizaba los pagos con cargo al sistema gasista, decidió dejar de pagar a los bancos los 6,7 millones mensuales que abonaba y que procedían de la factura del gas. Esos pagos, a los que si se suman los intereses ascienden a más de 4.700 millones en los 30 años previstos, vendrían a suponer unos dos euros de sobrecoste medio por recibo del gas durante 30 años.
