El código de buenas prácticas para evitar desahucios creado por el Gobierno en el 2012 obliga a cumplir ciertas medidas a las entidades financieras que se adhirieron voluntariamente al mismo, pero no todas lo hacen en todas las ocasiones. El Banco de España viene desde entonces supervisando su correcta aplicación y tiene detectados los incumplimientos «más habituales». Tal es así que, según anunció ayer, «buena parte de la actividad sancionadora» que realizó en el 2017 en el ejercicio de sus funciones de supervisión se debió a las infracciones cometidas por la banca en este ámbito.

La institución gobernada por Luis María Linde, así, impuso el año pasado tres sanciones contra dos bancos y una cooperativa de crédito y abrió un cuarto expediente sancionador contra otro banco por incumplir el código. Además, realizó una inspección presencial y 26 comprobaciones a distancia para averiguar si se aplican correctamente sus medidas. «La protección de los deudores hipotecarios que se encuentran ante graves dificultades económicas viene siendo una prioridad para el Banco de España», sostuvo.

El código obliga a las entidades a informar de forma proactiva a sus clientes con problemas de que pueden reestructurar su deuda (o incluso ceder la casa: la conocida dación en pago) si cumplen ciertos requisitos de exclusión social, así como a aplicar sin demora esa reestructuración cuando los clientes acrediten su falta de recursos. Entre los incumplimientos más habituales, explicó el Banco de España, figura que las entidades no informen de la existencia del código, retrasen la tramitación y resolución de las solicitudes de sus clientes para beneficiarse del mismo, no apliquen las medidas desde la fecha en que estos acreditan cumplir los requisitos, y repercutan a los afectados los gastos de novación del crédito.

FALTA DE TRANSPARENCIA

El Banco de España también destacó las sanciones que ha dictaminado por incumplimientos de las normas que obligan a las entidades a informar a sus clientes antes y durante la firma de los contratos. En concreto, impuso cuatro contra dos bancos, una financiera de consumo y una entidad de cambio de moneda, además de abrir otros cinco expedientes contra cinco bancos. Las otras tres sanciones recayeron en entidades que prestaron servicios para los que no estaban autorizadas y entidades de pago con incumplimientos contables.

En cuanto a la pura supervisión de la conducta de las entidades previa a la imposición de sanciones, las actuaciones se centraron el año pasado en la contratación de las hipotecas y en la publicidad que realizan las entidades. El Banco de España, así, realizó 34 inspecciones in situ (sobre un total del 37) para comprobar el cumplimiento de los requisitos de transparencia en la comercialización de los créditos para la compra de vivienda, así como la correcta aplicación de las cláusulas de los contratos.

Además, la institución realizó 168 comprobaciones a distancia (sobre un total de 223) sobre la corrección de la publicidad de las entidades «a fin de comprobar y promover que sea veraz, clara y concisa».

Los otros campos a los que prestó más atención durante al año pasado fueron la concesión de los créditos al consumo, los servicios de atención al cliente de las entidades, las comisiones de los cajeros, y los contratos y las tarifas de los servicios a través de internet.