Los bancos dueños de los cajeros serán finalmente los únicos que podrán cobrar una comisión a los no clientes por sacar dinero, no así las entidades emisoras de la tarjeta. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el decreto que aclarará esta cuestión después de la polémica generada por la decisión de CaixaBank, BBVA y Santander de hacer pagar dos euros a los usuarios de otros bancos por extraer efectivo, una medida que en la práctica suponía el pago de una doble comisión y triplicar de media las tasas actuales.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelantó este jueves en una entrevista en Antena 3 que el cobro de estas comisiones quedará prohibido a partir del sábado.

El dueño del cajero no cobrará directamente al cliente, sino al emisor de la tarjeta. Este decidirá a su vez si la repercute al cliente o no, pero no podrá cobrarle más de lo que le ha hecho pagar el otro banco. La decisión, así, variará de entidad a entidad y, dentro de estas, estará probablemente en función de la vinculación del cliente (es decir, del número de productos financieros que tenga contratados con el banco).

El Gobierno no ha establecido una tasa máxima o mínima que puedan cobrar la banca por este servicio ya que estima que no está habilitado legalmente para hacerlo. En cualquier caso, al cliente se le informará antes de sacar el dinero de a cuánto asciende la comisión y podrá elegir entre seguir adelante con la operación o cancelarla, según fuentes del sector.

CUESTIÓN ACLARADA

El Ministerio de Economía va a dejar claro de esta manera que los bancos no pueden cobrar dos veces a los usuarios por sacar dinero. La doble comisión por un mismo servicio está prohibida, pero las entidades que decidieron empezar a cobrar los dos euros argumentaban que son dos distintos (el uso del cajero y el uso de la tarjeta).

El Banco de España no lo veía así y les instó antes del verano a realizar un solo cobro, pero las entidades siguieron en sus trece. El organismo gobernado por Luis María Linde, ante ello, estudió si podía tomar medidas normativas para evitarlo, pero llegó a la conclusión de que no estaba habilitado para ello por lo que finalmente ha sido el Gobierno el que ha tenido que actuar tras meses de polémica.