La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó ayer que el Gobierno contará con las propuestas de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para «abordar las reformas necesarias para darle sostenibilidad al sistema» de la Seguridad Social. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría aseguró que el Pacto de Toledo es el punto donde discutir propuestas, y poner en común distintas visiones y aproximaciones para abordar la reforma de las pensiones en el horizonte del corto y medio plazo.
Entre estas propuestas, se planteará la medida anunciada el jueves por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de compatibilizar el cobro del 100 % de la pensión de jubilación con el salario (actualmente es posible hacerlo percibiendo el 50%). Esta medida formaba parte del acuerdo que alcanzó el PP con Ciudadanos el pasado agosto con el objetivo de «favorecer el envejecimiento activo y la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación».
Además de la reforma de la Seguridad Social, la vicepresidenta indicó que «hay un elemento clave de trabajo en esta legislatura» y es «seguir avanzando en la creación de empleo» como principal garantía del sistema público de pensiones. Así, recordó que en el 2011, por cada nuevo pensionista, se iban al paro tres trabajadores (lo que daba un resultado neto de cuatro cotizantes menos), mientras que ahora, por cada nuevo jubilado, encuentran empleo siete trabajadores (con un saldo neto de seis cotizantes más). Es decir, «estamos en positivo y tenemos que preservar la recuperación y la creación de empleo, como elemento básico para la sostenibilidad del sistema público de pensiones».
RENUENCIAS / Como sea, la de Báñez, es una propuesta que no acaba de encontrar feed back entre los sindicatos. UGT afirmó que compatibilizar el 100% de la pensión con un empleo, no tendrá ningún impacto en el sistema de pensiones y que podría ser regresivo. La secretaria de políticas sociales, empleo y seguridad social de UGT, Mari Carmen Barrera, calificó de «demagógica» la propuesta, puesto que con un 21% de paro, «se pretende que trabajen más los que están en posición de salida de trabajo», de forma que se «pervertirán» los pilares del sistema y se «eliminarán» la posibilidad del relevo generacional.
En este contexto, el sindicato apuntó que la medida del Gobierno es «cortoplacista», ya que no aborda los problemas de financiación ni el déficit de la Seguridad Social. Por su parte, Barrera subrayó que no va a consentir un escenario en el que las pensiones no den para vivir. Asimismo, recordó que existe una mayoría parlamentaria en contra de la reducción de la cuantía de las pensiones que pretende el Gobierno del PP.
CCOO señaló que se trata solo «una medida coyuntural» pero que no garantiza la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. En un comunicado, el sindicato aseguró que esta propuesta «esconde el verdadero debate de la necesidad de adoptar medidas concretas que aumenten de forma suficiente y sostenida los ingresos del sistema, actuando sobre las cotizaciones sociales y los impuestos».
RESPUESTA DE LA PATRONAL / El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi, también se mostró crítico y calificó de «precipitada» la propuesta del Gobierno central y advirtió de que esta medida pondría obstáculos a la entrada de los jóvenes en el mercado laboral y a que ciertos trabajadores «abusen» de esta posibilidad. Garamendi afrmó que la ministra Báñez debería haber consultado con los agentes sociales antes de lanzar esta propuesta. «Solo sé lo que he leído en el periódico pero, así a bote pronto, creo que con esta medida se estarían poniendo trabas a que la gente joven entre en las empresas», subrayó Garamendi. H
