La ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, recuperó ayer una propuesta del último programa electoral del PP como una de las medidas para la futura reforma de la Seguridad Social. Báñez planteó, como compromiso del Gobierno si Rajoy logra ser investido presidente, hacer compatible el cobro del 100% de la pensión con el empleo para las personas que opten voluntariamente por seguir trabajando más allá de los 65 años.

Báñez añadió que esta medida es aplicable a cualquier trabajo y está dirigida a los españoles que se sientan con capacidad de aportar su experiencia a la sociedad a través de un empleo, percibiendo además la totalidad de la pensión que le corresponda. La ministra no dio más detalles, aunque desde su gabinete apuntaron que se trataría de ir más allá del actual esquema de incentivación de la prolongación de la vida laboral. Desde el 2013, los trabajadores que hayan accedido a la jubilación a los 65 años tienen derecho a percibir el 50% de la pensión correspondiente si siguen trabajando con un contrato a tiempo parcial o a jornada completa.

CONDICIONES

La propuesta de Báñez supondría un incentivo para los trabajadores que puedan seguir en activo más allá de los 65 años al pasar del 50% al 100% de la pensión, además del sueldo que le pague la empresa. El ahorro para las compañías consiste en una reducción sustancial de la cotización a la Seguridad Social, que pasa del 23,6% al 6% en concepto de contribución «solidaria», más el 2% del empleado que no se tiene en cuenta para la pensión, y se mantiene la cobertura por bajas y accidentes laborales. La regulación actual limita el derecho al cobro del 50% de la pensión en caso de prolongación voluntaria del trabajo a los empleados que tengan un mínimo de 35 años cotizados, lo que garantiza el 100% de la prestación.

Tanto la modificación normativa del 2013 como la nueva propuesta de la ministra en funciones intentan combatir uno de los problemas de fondo del mercado laboral y, de rebote, de la Seguridad Social: las prejubilaciones. Los intentos de los ejecutivos de penalizar las prejubilaciones han encontrado la oposición de los sindicatos y las patronales, que han advertido de los efectos colaterales que puede tener en las negociaciones de medidas para suavizar los ERE.

Con el mismo fin de alargar la vida laboral se puso en marcha el calendario para ir aumentando de forma progresiva la edad legal de jubilación de los 65 años a los 67, que la ministra no aclaró cómo afectará a su propuesta.

Según los datos de la encuesta de población activa (EPA), la cifra de ocupados a partir de los 65 años cae drásticamente hasta niveles testimoniales de 58.700 asalariados hasta los 69 años y 11.300 a partir de 70 años. A esos hay que añadir un número ligeramente superior de autónomos que siguen en activo después de los 65 años.

Por otro lado, Báñez dijo que el Fondo de Reserva de las pensiones «es un instrumento de uso temporal» y que las pensiones se seguirán pagando con empleo, pero no especificó qué pasara cuando se agote la hucha de las pensiones a final del 2017.

También dijo que la recaudación vía ingresos de cotización es superior al ritmo de afiliación, que roza el 4%. Además, la ministra de Empleo añadió que «España, después de terminar la crisis económica, paga más pensiones que nunca, más altas que nunca, y, por primera vez, la pensión media de jubilación supera los 1.000 euros».