El ciudadano medio ve con sorpresa y enojo --también suspicacia-- cómo las investigaciones judiciales sobre irregularidades bancarias suelen prolongarse enormemente y acabar en no pocas ocasiones con decisiones que refuerzan la tradicional imagen de impunidad de los banqueros. La crisis financiera, con todo, ha provocado una catarata de causas, imputados (más de 100) y acusados sin precedentes. Algunos juicios comienzan por fin a celebrarse en este arranque del año. Pero los procesos se siguen alargando y está por ver que sus conclusiones satisfagan las ansias de justicia de la sociedad.
Las razones son de lo más variadas. De entrada, hay dificultades materiales. "La verdad está oculta bajo montañas de documentación. Los juzgados de instrucción y la fiscalía anticorrupción tienen severas dificultades para encontrar los recursos materiales y humanos para seguir las causas, mientras que los imputados disponen de la mejor asistencia letrada y peritos que el dinero puede comprar", expone Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.
Los expertos de la Policía y la Guardia Civil están desbordados y algunos jueces han encontrado dificultades para que el Banco de España o Hacienda les cedan peritos.
También hay dificultades puramente jurídicas. Salvo el caso Banesto, apenas hay precedentes jurisprudenciales, con lo que hay aspectos clave sin definir. "La concesión de un crédito de alto riesgo es delito en Alemania, por ejemplo, pero no está nada claro en España", apunta el académico. Además, es difícil delimitar las responsabilidades, ya que los directivos y consejeros se suelen echar la culpa mutuamente. "Si no hay alguien de dentro que cuente cómo eran las cosas de verdad, quién tenía realmente el poder de decisión, es difícil identificar a los verdaderos responsables sin caer en disparar sencillamente contra la cabeza de la entidad, lo que tampoco sería justo", añade Cancio.
Otro elemento es que los delitos investigados (sobre todo los de administración desleal y apropiación indebida) son dolosos: hay que demostrar que el ejecutivo actuó mal deliberadamente, que no fue un simple error de gestión. "Es el último parapeto de su defensa: se hizo todo mal, pero yo no lo sabía. Esto determina la impunidad penal si no se prueba lo contrario", indica el catedrático.
VACÍO LEGAL
Y luego está el factor que despierta más suspicacias. "Hasta hace muy poco, la banca, por sus conexiones con el sistema político, era materialmente un espacio inmune a la intervención del derecho penal. Se nota en la ley: mientras que infracciones como el robo o la estafa menor están completamente cubiertas y severamente castigadas por el Código Penal, en el derecho penal de los negocios hay lagunas enormes, normas que se han diseñado con fallos lógicos para no aplicarse nunca, penas muy benévolas...", concluye.
Jordi Ruiz de Villa, socio de Jausas, comparte estas razones --solo el caso Bankia acumula más de 250.00 folios de sumario-- que explican que los delitos societarios lleven "muchos años en el Código Penal sin apenas condenas". También apunta otras. "La jurisdicción penal es muy garantista, por lo que el juez suele practicar todas las pruebas que las parte proponen, lo que puede retrasar años la instrucción", indica.
Añade otro factor: los gestores se suelen escudar en que es un sector regulado (CNMV y Banco de España) y auditado. "No hay que confundir quién es responsable de actuar bien con quién lo es de supervisar y auditar. Una empresa puede engañar a un auditor. Cuanto más grande sea, con más posibilidades. Lo que no es creíble es que no sepa que está engañando", desmonta.
