La Audiencia Nacional comenzó ayer a oír de primera mano a los usuarios de las tarjetas black. El primero en declarar fue el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que mantuvo durante el interrogatorio al que le sometió el fiscal Alejandro Luzón una línea de defensa basada en dos pilares: que los gastos de las tarjetas eran retribuciones y que «en 23 años ni el Banco de España ni los órganos internos de la Caja pusieron ninguna objeción» a cómo las manejaban.

Blesa explicó que él recibió su tarjeta de manos del secretario del consejo en 1994, cuando llegó a Caja Madrid durante la presidencia de Jaime Terceiro. Así justificó que no fueron algo creado bajo su presidencia. Y por si había alguna duda aseguró que «era de libre disposición, un complemento retributivo».

Una vez que había puntualizado para qué eran las tarjetas, Blesa trató de introducir en cada respuesta que ya había referencia a ellas desde el año 1988 y «en 23 años» nunca se produjo reproche ni por el Banco de España, ni por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ni por la propia entidad, ni por Hacienda a cómo funcionaban o se declaraban.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

«He sabido más detalle en relación con la emisión de las tarjetas ahora, que en aquel momento, porque cuando alguien se incorpora en una institución lo hace en confianza de su funcionamiento», se defendió el acusado, para insistir en que no había ninguna irregularidad en el uso de las tarjetas por los consejeros y directivos. En su opinión la práctica había quedado avalada por el consejo de administración de Caja Madrid del 24 de mayo de 1988.

«¿En 23 años de práctica de tarjetas, hay alguien que sea capaz de decir que se puede ocultar al Banco de España, a los auditores?», repitió a preguntas de su defensa, ejercida por el letrado Carlos Aguilar. Previamente le había dicho al fiscal: «Los auditores necesariamente conocen la existencia de las tarjetas, porque tienen suficientes pistas», dijo, a lo que Luzón le repreguntó: «¿Pistas?». Blesa se corrigió para afirmar «documentos para conocerlos».

Admitió que él tenía delegada la facultad de entregárselas a los consejeros y determinar su cuantía,y que elevó los límites fijados por Terceiro por el crecimiento de la caja. Se trata de una retribución perfectamente legal y todos los beneficiarios estaban «en la creencia» de que la caja lo incluía en el certificado de haberes que cada empleado recibía a final de año y que lo declaraba a Hacienda, como hacía con otras retribuciones en especie, explicó. «La primera vez que supimos que no estaba incluido fue en los informes de Bankia», aseveró.

REPRESENTACIÓN

A la pregunta del fiscal de si no se trataba, en realidad, de tarjetas para gastos de representación, que sería, según las acusaciones, lo permitido desde 1988, Blesa se permitió elevar algo el tono de voz para aseverar que mal casa una cuantía fija con gastos de representación. De ahí que esos plásticos no tuvieran límite y las que les han traído al banquillo, sí.

Según Blesa, durante su presidencia llegaba a recibir tantos correos en los que figuraba en copia que dio instrucciones para que dejaran de hacerlo ante la imposibilidad de leerlos todos. El fiscal le quería preguntar por uno de Enrique de la Torre en el que se quejaba de que cómo algo «tan delicado» como las tarjetas de los consejeros pudiese ser consultado por su secretaria, lo que podía suponer que se produjesen filtraciones.

Blesa respondió: «Eran delicados por ser retribuciones». Y aprovechó para reprochar a Bankia que hubieran aparecido los gastos en la prensa. «Son disposiciones que realiza una persona y nadie tiene por qué saber en qué se gasta el dinero» cada uno, añadió. El fiscal Luzón no le preguntó en ningún momento sobre sus gastos, lo que es interpretado por fuentes de la defensa en que no puede hacerlo, aunque el documento Excell ha sido admitido como prueba por el tribunal.

La declaración de su sucesor en Caja Madrid, Rodrigo Rato, se pospuso hasta el martes.

PRECEDENTES

Un total de 65 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia son juzgados por el escándalo de las tarjetas black.El juicio del caso dio comienzo el pasado lunes, después del desarrollo de una causa en la que los acusados tendrán que justificar el gasto de más de 15 millones de euros cargados a tarjetas destinadas a gastos de representación. Casi dos años después de que se destapara la trama ya se han sentado en el banquillo todos los acusados. Todo comenzó en octubre de 2014, cuando se descubrió una investigación que acusaba a 86 consejeros de Caja Madrid de haber gastado 15,5 millones de euros de la empresa de forma indebida.