El 70 % de las sanciones impuestas en Aragón por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) el pasado año se debió a incumplimientos en los plazos de pago, especialmente entre las bodegas y los mayoristas del sector hortofrutícola.

En Aragón se han llevado a cabo 141 inspecciones de oficio en los sectores agrícolas y ganaderos desde la creación de la AICA, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en 2014, que se han saldado con 13 sanciones: seis a bodegas, tres a industrias lácteas, dos a mayoristas de frutas y hortalizas y dos a empresas ganaderas.

De los 141 inspecciones realizadas 32 correspondieron al sector cárnico, 30 al vitivinícola, 27 al hortofrutícola, 25 al de cereales y 20 a cultivos forrajeros.

En cuanto a los eslabones de la cadena alimentaria, 9 de las sanciones se han impuesto a las industrias alimentarias, tres a mayoristas de frutas y una a un productor por no colaborar y aportar la información requerida.

El importe de las sanciones en la comunidad es bajo, 13.000 euros correspondientes a seis empresas -algunas con más de una multa-, ya que muchas de ellas recaen en firmas que tienen la sede social en otras regiones, como Madrid o Cataluña, según ha explicado en la presentación de estos datos en Zaragoza el director de la AICA, José Miguel Herrero.

Ha anunciado, además, que para este 2018 la Agencia reforzará en Aragón las inspecciones en el sector de las frutas de hueso, para que cuando se venda la producción exista un contrato escrito que recoja el precio estipulado, así como el cumplimiento del plazo de pago en el plazo de 30 días en este caso, por ser producto perecedero, ya que si no lo fuera la ley permite que se alargue hasta los 60 días.

La otra campaña que la AICA va a intensificar este año en Aragón, y que comenzará en unos quince días, es la vigilancia en las bodegas también para verificar la existencia de contratos escritos y el cumplimiento de los plazos de pagos.

Herrero ha explicado que el papel de la AICA es el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en 2013 para mejorar su funcionamiento y su labor se centra en la vigilancia de las relaciones comerciales entre compradores y vendedores garantizando que cumplen las obligaciones establecidas en la norma.

Los aspectos que vigila son la existencia de contratos escritos entre las partes, el establecimiento de un precio determinado para los productos y el cumplimiento de los plazos de pago, ha recalcado, al tiempo que ha subrayado que no son competencia de esta Agencia los fraudes alimentarios en el etiquetado, las alertas de seguridad alimentaria o el control analítico de los alimentos.

Las actuaciones de inspección de la AICA se desarrollan bien por la denuncia de algunas de las partes o de oficio, es decir, cuando existen indicios de irregularidades en las transacciones comerciales.

Herrero ha explicado que hoy se reunirá en Zaragoza con representantes de las organizaciones agrarias aragonesas con el fin de que le trasladen información sobre la situación en las diferentes comarcas y de que conozcan que tienen a la AICA como "aliado" para vigilar los "desequilibrios" que se producen en las relaciones comerciales.

El director de la Agencia de Información y Control Alimentarios ha dado también datos sobre la labor desarrollada por el organismo desde su creación en el conjunto del país: 3.669 inspecciones de todos los sectores agrícolas y ganaderos, sobre todo, en el hortofrutícola, el del vino, el lácteo y el aceite de oliva. Más de las mitad de estas inspecciones, 1.882, se hicieron el pasado año.

Se han impuesto en total 992 sanciones (573 en 2017), principalmente por incumplimientos en los plazos de pago (409), siendo el sector hortofrutícola y el lácteo el que mayor número acumula, con 287 y 265, respectivamente.

En cuando al eslabón de la cadena alimentaria es el de la distribución el que más número de sanciones acumula, con un 52 % y 480, seguido por la industria alimentaria, con un 46 % y un total de 424, de la que la mayor parte corresponde al sector lácteo.

El importe de las 922 sanciones propuestas por la AICA en España asciende a 9,2 millones de euros y el motivo más frecuente de sanción se debe también al incumplimiento de los plazos de pago (44 %), seguido de la comisión de más de una infracción, en el 26 % de los casos