La diferencia salarial entre hombres y mujeres es en Aragón del 25,3 por ciento, dos puntos por encima de la del conjunto del país, y esa brecha es un aún mayor en las pensiones, del 39,65 por ciento.

Esos son algunos de los datos del informe "Mercado laboral y brecha salarial. Consecuencias de la crisis económica en las mujeres" elaborado por UGT Aragón que hoy ha desgranado el secretario general del sindicato, Daniel Alastuey, acompañado por la vicesecretaria general confederal, Cristina Antoñanzas, y la secretaria de Formación y Empleo en Aragón, Pura Huerta.

A tenor de los últimos datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE disponibles, de 2014, los salarios de los hombres se cifran en 25.118 euros al año y el de las mujeres, en 18.764, es decir, 6.354 euros menos, un 25,3 por ciento, pero esa brecha se amplia en el caso de los trabajadores con contrato indefinido y se reduce en función del mayor grado de precariedad, entendida como contratos temporales y a tiempo parcial.

Huerta ha advertido de que si no ha aumentado más la brecha salarial en estos años de crisis es porque se ha precarizado el salario del hombre, y ha remarcado que afecta a todos los aspectos.

Así, ha incidido en que con la crisis, entre 2007 y 2016, se ha perdido un gran numero de empleos indefinidos y a jornada completa mientras ha ganado peso la jornada a tiempo parcial, mayoritariamente de mujeres, aunque los hombres también se han ido incorporando a este tipo de jornada, y ese tipo de contratos han ido creciendo y no de forma voluntaria.

Además, el sindicato ha detectado que ha habido un ligera recuperación del empleo indefinido, pero a tiempo parcial, si bien prevale el contrato temporal, por encima del 90 por ciento.

Los contratos, ha dicho, se dan fundamentalmente en el sector servicios, en condiciones precarias y con una importante presencia de la mujer, en la franja de edad entre 40 y 60 años.

Ha advertido también de que el modelo que se utiliza de manera "escandalosa", en 45 por ciento de los casos, es por circunstancias de la producción, de muy corta duración y rotación, precarizando el mercado laboral en general.

Además, el sindicato ha constatado que a mayor tiempo en el paro más difícil es encontrar empleo, y más del 56 por ciento de los desempleados son mujeres, y de ellas, la mitad lleva más de dos años en esa situación.

Pero las diferencias también se detectan en la tasa de cobertura, que llega en los hombres a casi algo más de 57 por ciento pero en las mujeres apenas al 48 por ciento, de forma que más de la mitad de las mujeres en paro no recibe ningún tipo de prestación.

Ha explicado que la mujer accede a puestos relacionados con los servicios, trabajos de oficina, comercio o cuidados personales, y que la brecha salarial se da en el salario base y más en los complementos salariales y en las horas extraordinarias.

Pero al sindicato le preocupa la brecha con la jubilación, ya que las pensiones son hoy un 39,6 por ciento más bajas entre las mujeres que entre los hombres y probablemente se acrecentarán dadas las condiciones laborales de hoy.

Por su parte, Antoñanzas ha insistido en que la brecha salarial ha aumentado con la crisis y por las reformas laborales de 2010 y 2012, provocando que la precariedad y la temporalidad "tenga rostro de mujer".

Para UGT, ha dicho, la reivindicación de la igualdad se debe poner en primera línea todos los días del año, no solo con motivo Día por la Igualdad Salarial, el 22 de febrero, o el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y entre las muchas propuestas del sindicato ha destacado la creación de un registro público en el que empresas de 25 o más trabajadores estén obligadas a registrar anualmente las retribuciones.

También instaurar sistemas de valoración de puestos de trabajo u cualificaciones profesionalesy que la Inspección de Trabajo haga un seguimiento del cumplimiento de los planes de igualdad, y que sean un anexo a los convenios colectivos con desarrollo en paralelo.

El sindicato también apuesta por proponer al Pacto de Toledo el estudio cuantificado de las desigualdades y discriminaciones de género en el sistema de protección social y sobre todo, medidas correctoras para evitar la desigualdad.