Aunque tiene detractores, el euro es el logro más tangible en una historia de éxito europea. Nació, sin embargo, sin las herramientas adecuadas para garantizar la convergencia económica y muchas lagunas que la crisis financiera, desatada hace siete años, han puesto al descubierto. La Comisión Europea propone ahora dar un acelerón a la integración, con una hoja de ruta en dos fases, que podría culminar en el 2025 con la creación de una capacidad fiscal para la eurozona, el embrión de una especie de eurobonos, un tesoro europeo y un presidente permanente del Eurogrupo.

El diagnóstico no ha cambiado: la mayor recesión en seis décadas ha dejado profundas heridas a nivel político, económico y social. «Muchos países siguen lidiando todavía con el legado de la crisis» -elevadas tasas de desempleo, de deuda pública y privada- y aunque el apoyo al euro es fuerte también hay quien se cuestiona cada vez más «su valor añadido y el de la unión económica y monetaria», admite el documento de reflexión elaborado para relanzar el debate entre los Estados miembros. El Ejecutivo comunitario admite que la Unión Económica y Monetaria (UEM) sigue estando «incompleta». El pilar monetario, en manos del Banco Central Europeo, «está bien desarrollado» pero la pata económica «se ha quedado atrás», con una menor integración que ha impedido dar un apoyo pleno a las políticas monetarias y económicas nacionales. «Es un síntoma de que necesitamos reforzar la voluntad política para consolidar la unión. Necesitamos más confianza», insisten.

Hasta ahora hay países que han puesto el acento en que la solidaridad debe ser lo primero. Otros como Alemania, Austria o Finlandia anteponen la agenda de reformas. El resultado, alerta la Comisión, es que el impulso reformista se ha perdido parcialmente. Bruselas parte de la base de que la responsabilidad y la solidaridad deben ir de la mano, que la UEM debe permanecer abierta a los países de la UE, que la toma de decisiones debe ser más transparente y que el objetivo final es una mayor convergencia económica y estabilidad financiera.

Para hacerlos realidad plantea una hoja de ruta en dos fases: del 2017 al 2019 y del 2020 al 2025. Hasta el 2019 aboga por acotar las medidas más urgentes, muchas de las cuales llevan tiempo sobre la mesa. Lo primero, acordar el paquete propuesto en noviembre del 2016 para reducir los riesgos bancarios, medidas para regular insolvencias y dar segundas oportunidades así como una estrategia frente a los créditos morosos porque, si no se afrontan, seguirán siendo «una fuente de fragilidad financiera».

Además, reiteran la necesidad de completar la unión bancaria acordando para el 2019 como muy tarde el fondo de resolución único de 55.000 millones de euros planeado para que sean los propios bancos y no los contribuyentes quienes asuman los costes de los rescates bancarios, y el esquema europeo de garantía de depósitos al que se resiste el Gobierno de Berlín y que en Bruselas consideran clave y urgente para aumentar la resistencia ante futuras crisis. Y para nutrir el fondo sugieren una línea de crédito del mecanismo europeo de estabilidad o una vía «menos efectiva», basada en préstamos de los estados miembros.